Decreto de 17 de mayo de 1952 por el que se pone en vigor el apartado a) del art¡culo 118, se revisan los porcentajes del apartado b) del mismo art¡culo y los de los art¡culos 137 y 138 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. (BOE 157 de 5/6/1952)

Como primer paso hacia un pr¢ximo y m s amplio planteamiento del problema, el Gobierno considera llegado el momento de hacer uso ponderado de las autorizaciones que, incondicionadamente o previos informes consultivos, le concediera la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, y la de veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, en orden a la aplicaci¢n de los porcentajes previstos de aumentos de rentas y a una mayor colaboraci¢n de los inquilinos en los gastos de conservaci¢n de las fincas que habitan, pues resulta evidente que las exigencias incoercibles de la realidad econ¢mica, debidamente cohonestadas con las de ¡ndole social, mueven a adoptar las medidas que hagan m s llevador el intercambio de aquellas de las partes en las que se advierte una mayor desproporci¢n, comparativamente con otras capitalizaciones, entre los rendimientos de su patrimonio inmobiliario urbano y el ritmo seguido en los ¡ndices de precios, que si no lucen en los ingresos de aqu‚l, s¡ gravitan sobre los gastos de conservaci¢n y reparaci¢n de las fincas urbanas, la falta de cuyo adecuado entretenimiento es preciso subsanar por el da¤o que causa a este sector de la riqueza nacional.

Es de significar que, conforme a los t‚rminos limitativos de las autorizaciones legales de que el Gobierno hace uso, la aplicaci¢n de los porcentajes de aumento en rentas y contribuci¢n del inquilino a los gastos de conservaci¢n del inmueble queda circunscrita a los arrendamientos de viviendas y locales de negocio construidos o habitados por primera vez antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y que, aun s¢lo a ellos referida, se dispone de modo prudencial de los coeficientes permitidos, que legalmente podr¡an llegar hasta el triple de los se¤alados en art¡culo ciento dieciocho de la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, por lo que a renta se refiere, y a topes superiores, seg£n los art¡culos ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho de la misma Ley, por lo que afecta a la cooperaci¢n de los arrendatarios en las obras de conservaci¢n. Discrim¡nase, adem s, entre rentas de viviendas y locales de negocio, pues en tanto que la revisi¢n de los porcentajes de aumento de las primeras podr¡a perturbar el equilibrio de econom¡as modestas, carentes de capacidad para aguantas de una vez aumentos de cierta cuant¡a, por lo que el Gobierno entiende que, por ahora, y sin perjuicio de lo que m s adelante decida, debe limitarse a poner en vigor los porcentajes del apartado a) del art¡culo ciento dieciocho de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin disponer de su facultad de revisarlos e incrementarlos; en cambio, los razonamientos antes expuestos operan con virtualidad plena ciando se trata de rentas de locales de negocio, ya que los capitales invertidos en atenciones industriales y comerciales se han beneficiado, en cuanto a sus rendimientos, de los factores que integran la elevaci¢n del coste de la vida, en proporci¢n muy superior a la en que han contribuido al aumento de alquiler, y, por ende, conducen a la conclusi¢n de revisar el porcentaje de aumento en cuant¡a m s elevada, que se cifra en el sesenta por ciento de aplicaci¢n fraccionada en sucesivos per¡odos de tiempo, sin que ello deba repercutir l¢gicamente en el actual r‚gimen de precios.

Por £ltimo, y como la pr ctica advierte la necesidad de garantizar la prohibici¢n circunstancial de alterar el destino natural que debe darse a las viviendas, conforme precept£a la disposici¢n transitoria veintid¢s de la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, se establecen las medidas conducentes a su mejor efectividad.

En su virtud, de conformidad en lo sustancial con el dictamen del Consejo de Estado, cuyo Alto Centro consultivo ha sido o¡do respecto a la procedencia de aplicar, o en su caso, revisar, los porcentajes de aumento de los apartados a) y b) del art¡culo ciento dieciocho de la Ley de Arrendamientos Urbanos; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

As¡ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES

DECRETO de 6 de marzo de 1953 por el que se autoriza la imposici¢n de los m ximos porcentajes de aumento establecidos en el art¡culo ciento dieciocho de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en relaci¢n con su disposici¢n transitoria und‚cima, a determinadas situaciones arrendaticias. (BOE 72 de 13/3/1953)

Para lograr una m s equitativa coordinaci¢n de todos los intereses en juego en las relaciones arrendaticias urbanas, el Gobierno, haciendo uso de las facultades que le confiriera la Ley de Arrendamientos Urbanos de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, autoriz¢, con car cter general, unas reducidas elevaciones en las rentas de las viviendas y locales de negocio construidos o habitados por primera vez antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis.

A este fin respondi¢ el Decreto de diecisiete de mayo del pasado a¤o que, sin embargo, no discrimin¢, por su misma nota de generalidad, entre inquilinos y arrendatarios que de modo exclusivo usan por s¡ mismos de las viviendas y locales arrendados, y aquellos otros que a trav‚s del subarriendo y otras figuras jur¡dicas, permitidas o toleradas por la Ley, se hacen menos merecedores de la protecci¢n social que representa la tasa de alquileres y rentas, en cuanto la utilizan generalmente para obtener lucro con bienes jur¡dicos de propiedad ajena. Tampoco contempl¢ especialmente dicho Decreto el supuesto de cesi¢n de viviendas por el inquilino en favor de sus parientes, dentro del segundo grado, que vivan con ‚l habitualmente, y el del otorgamiento de un nuevo contrato de arriendo, desalojada que fuere previamente la vivienda o local de negocio por el anterior inquilino o arrendatario, en cuyos casos tambi‚n concurren circunstancias que mueven a compensar en mayor grado la retribuci¢n debida a la propiedad.

Por ello, y para mejor servir aquel prop¢sito de equidad que debe inspirar siempre el Derecho, y conocido el parecer del Consejo de Estado -emitido a prop¢sito del Decreto citado de diecisiete de mayo £ltimo-, parece justo utilizar al m ximo la autorizaci¢n contenida en la Disposici¢n transitoria und‚cima de la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, recargando con el triplo de los porcentajes de su art¡culo ciento dieciocho la renta que, conforme al mismo, corresponda satisfacer en tales situaciones jur¡dicas por el arrendamiento de las viviendas y locales de negocio.

De otro lado, el Gobierno, en uso de la autorizaci¢n que tambi‚n otorga la Disposici¢n transitoria novena de la Ley de Arrendamientos Urbanos, estima que debe dejar para el futuro sin efecto la extensi¢n del beneficio establecido en sus art¡culos setenta y uno y setenta y dos, en favor de los parientes dentro del tercer grado por consanguinidad del familiar del inquilino fallecido que hubiere continuado el contrato.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

As¡ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES

DECRETO de 9 de abril de 1954 por el que se revisan los porcentajes a que se refiere el art¡culo 118 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. (BOE 126 de 6/5/1954)

Con el prop¢sito de lograr una mejor coordinaci¢n del inter‚s p£blico y de los intereses privados implicados en las relaciones que ampara el vigente ordenamiento de los arrendamientos urbanos, parece justo hacer ya un uso org nico y completo de la autorizaci¢n de mejora de rentas concedida al Gobierno por la disposici¢n transitoria und‚cima, en relaci¢n con el art¡culo ciento dieciocho, ambos de la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, utilizada s¢lo parcialmente en el Decreto de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, con ocasi¢n del cual fue conocido el parecer del Consejo de Estado sobre este interesante extremo.

De tal modo, adem s de lograr un ponderado incremento en la rentabilidad urbana, se provee en parte a la indispensable conservaci¢n de este considerable sector de la riqueza nacional.

Congruentemente, quedan excluidas de esta mejora las mercedes ya afectadas por la elevaci¢n acordada en el Decreto de seis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, en cuanto agot¢ la autorizaci¢n expresada respecto a determinadas situaciones jur¡dicas del arrendamiento de viviendas y locales de negocio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

As¡ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES

DECRETO de 30 de noviembre de 1956 por el que se utiliza la autorizaci¢n concedida al Gobierno por la Disposici¢n adicional sexta de la Ley de Arrendamientos Urbanos. (BOE 348 de 13/12/1956)

Para coordinar ponderadamente la pol¡tica social de protecci¢n al arrendatario con la econ¢mica de defensa del patrimonio inmueble destinado a la habitaci¢n, el Gobierno sugiri¢ a las Cortes, y ‚stas aprobaron, la que figura con el n£mero sexto de las Disposiciones adicionales de la Ley de Arrendamientos Urbanos, texto articulado de trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, en que se contiene la autorizaci¢n otorgada al primero para actualizar, de acuerdo con los m¢dulos que se¤ala, las rentas de las fincas arrendadas por primera vez antes de primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, previo informe de la Delegaci¢n Nacional de Sindicatos y con audiencia del Consejo de Estado.

Cumplidos ambos tr mites y obtenido informe favorable de los citados Alto Cuerpo consultivo y Organizaci¢n Sindical, procede hacer uso de aquella autorizaci¢n acordando los aumentos procedentes, que son independientes y adem s de los establecidos en los Decretos de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, seis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres y nueve de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Dado en Madrid a treinta de noviembre de mil novec1entos cincuenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES

DECRETO de 22 de julio de 1958 por el que se aplica la disposici¢n sexta de la Ley de Arrendamientos Urbanos. (BOE 187 de 6/8/1958)

La disposici¢n adicional sexta de la Ley de Arrendamientos Urbanos, texto articulado, aprobado por Decreto del trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, autoriza al Gobierno para, dentro de los cinco a¤os siguientes a su entrada en vigor, elevar discrecionalmente y con extens1¢n general o parcial la renta de las viviendas o locales de negocio a que se refiere e1 art¡culo noventa y cinco, arrendados por primera vez antes de primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, previo informe de la Delegaci¢n Nacional de Sindicatos, y con audiencia del Consejo de Estado.

Cumplidos ambos tr mites, de conformidad con lo dictaminado por el Alto Cuerpo Consultivo, o¡da la Organizaci¢n Sindical, para coordinar ponderadamente la pol¡tica social de protecci¢n al arrendatario, con la econ¢mica de conservaci¢n de los inmuebles urbanos.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Dado en Madrid a veintid¢s de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES

DECRETO 1618/1961, de 6 de septiembre, por el que, en aplicaci¢n de lo dispuesto en el art¡culo ciento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se provee a la revisi¢n de las rentas de las viviendas y locales de negocio que lleven cinco a¤os de pr¢rroga legal. (BOE 220 de 14/9/1961)

El art¡culo ciento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de veintid¢s de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, texto articulado aprobado por el Decreto de trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, dispone en su p rrafo primero la revisi¢n quinquenal de las rentas de las viviendas y locales de negocio que se encuentren en per¡odo de pr¢rroga legal; y en su p rrafo cuarto puntualiza que cuando sean de los comprendidos en el art¡culo noventa y cinco del mismo texto legal, es decir, de arrendamientos subsistentes en la fecha en que comenz¢ a regir la Ley, el plazo de cinco a¤os se computar  desde dicha fecha.

Con este prop¢sito, iniciados ya los vencimientos de los per¡odos quinquenales de pr¢rroga previstos, el Gobierno, en cumplimiento del mandato legal que implica la norma del art¡culo ciento de la Ley expresada, provee por medio de este Decreto a establecer los porcentajes de incremento, conjugando a este fin los factores o m¢dulos determinados por la propia norma sobre la renta base de los contratos que lleven cinco a¤os o m s de pr¢rroga legal el d¡a treinta y uno de julio £ltimo, ya que para los que cumplan los quinquenios de pr¢rroga legal en fechas posteriores el Gobierno ir  determinando sucesivamente los porcentajes que resulten de los datos y factores determinantes de los per¡odos quinquenales que vayan venciendo.

De este modo, de acuerdo con los informes preceptivamente emitidos por la Delegaci¢n Nacional de Sindicatos y el Consejo de Estado, los incrementos se¤alados para los locales de negocio oscilan entre el diez y el treinta por ciento, y respecto a las viviendas, del cinco al veinte por ciento, seg£n las fechas de los respectivos contratos. Y se previene tambi‚n, cumpliendo lo dispuesto en el p rrafo segundo del art¡culo referido, que de estos incrementos ser  deducible el representado por el importe de la elevaci¢n de la renta en el caso de revisi¢n fiscal de ‚sta por inspecci¢n practicada de oficio.

Se provee en el Decreto asimismo a la exigibilidad fraccionada inicial de los incrementos que en ‚l se establecen, al concepto de renta base sobre la que ‚stos han de aplicarse. que ha de ser la legal; a las personas obligadas a su pago y, finalmente, a la no aplicaci¢n de los incrementos expresados cuando en relaci¢n con los supuestos de los art¡culos seis y noventa y siete de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las partes hayan convenido un sistema especial de revisi¢n de rentas o el arrendador haya renunciado a su percepci¢n.

En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberaci¢n del Consejo de Ministros en su reuni¢n del d¡a once de agosto de mil novecientos sesenta y uno.

DISPONGO:

As¡ lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coru¤a a seis de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BA¥ALES