ORDEN de 21 de marzo de 1947,
acordada en Consejo de Ministros, por la
que se dispone la publicaci¢n en el
BOLETÖN OFICIAL DEL ESTADO
del texto articulado de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de 31 de diciembre
de 1946. (BOE 90 de 31/3/1947 y 93 de 3/4/1947)
Ilmo. Sr.: La Ley de Bases de
Arrendamientos Urbanos, de 31 de diciembre
de 1946, autoriz¢ en su art¡culo £nico
al Ministro de Justicia para que,
dentro de los noventa d¡as siguientes de
su promulgaci¢n, dispusiera la
publicaci¢n en el BOLETÖN OFICIAL DEL
ESTADO del texto articulado de la
propia Ley.
A tal fin, por Orden de 13 de enero
£ltimo se nombr¢ por este Ministerio
una Comisi¢n que ha realizado la labor
que le fue asignada, ajust ndose
estrictamente en ella a los preceptos b sicos
de la Ley y al cometido que le fue
encomendado.
En su virtud, este Ministerio, previo
acuerdo del Consejo de Ministros, ha
tenido a bien aprobar el adjunto texto
articulado de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, de 31 de diciembre de 1946, el
que se publicar en el BOLETÖN
OFICIAL DEL ESTADO.
Lo que digo a V.I. para su
conocimiento y dem s efectos.
Dios guarde a V.I. muchos a¤os.
Madrid, 21 de marzo de 1947.
FERNµNDEZ-CUESTA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este
Ministerio
Texto articulado de la Ley de
Arrendamientos Urbanos
CAPÖTULO I
µmbito de aplicaci¢n de la
Ley - Clases y caracter¡sticas de los contratos que regula
Art¡culo 1. El arrendamiento que regula esta
Ley es el de fincas urbanas y comprende el de
viviendas o inquilinato y el de locales de negocios,
refiri‚ndose esta £ltima denominaci¢n a los
contratos de arriendo que recaigan sobre aquellas otras
edificaciones habitables cuyo destino primordial no
sea la vivienda, sino el de ejercerse en ellas, con
establecimiento abierto, una actividad de industria,
de comercio o de ense¤anza con fin lucrativo.
Regula, asimismo, los subarriendos y cesiones
de vivienda y de locales de negocio, as¡ como el
arrendamiento de viviendas amuebladas.
Art¡culo 2. Quedan excluidos de la presente Ley
y se regir n por lo pactado y por lo establecido con
car cter necesario en el C¢digo Civil o en la
Legislaci¢n foral, en su caso, y en las Leyes procesales
comunes, los arrendamientos, cesiones y
subarriendos de viviendas o locales de negocios, con o sin
muebles, de fincas situadas en lugares en que el
arrendatario no tenga su residencia habitual y
limitados a la temporada de verano o a cualquier otra.
Art¡culo 3. Asimismo quedan excluidos de esta
Ley y se atemperar n a lo dispuesto en la vigente
legislaci¢n sobre arrendamientos r£sticos, aquellos
contratos en que, arrend ndose una finca con
casa-habitaci¢n, sea el aprovechamiento del predio con
que cuente la finalidad primordial del arriendo. Se
presumir , salvo prueba en contrario, que el objeto
principal del arrendamiento es la explotaci¢n de
aquel predio cuando la contribuci¢n territorial de
la finca por r£stica sea superior a la urbana.
Art¡culo 4. Tambi‚n queda excluido de esta Ley,
rigi‚ndose por lo pactado y por lo dispuesto en la
legislaci¢n civil com£n y foral, el arrendamiento de
industrias o negocios de la clase que fuere. Pero s¢lo
se reputar existente dicho arrendamiento cuando
el arrendatario recibiere, adem s del local, el
negocio o industria en ‚l establecido; de modo que el
objeto del contrato sea no solamente los bienes que
en el mismo se enumeren, sino una unidad
patrimonial con vida propia y susceptible de ser
inmediatamente explotada o pendiente, para serlo, de meras
formalidades administrativas.
Art¡culo 5. Cuando el arrendamiento no lo fuere
de industria o negocio, si la finalidad del contrato
es el establecimiento por el arrendatario de su
propio negocio o industria, quedar comprendido en
la presente Ley y conceptuado como arrendamiento
de local de negocio, por muy importantes,
esenciales o diversas que fueren las estimulaciones o las
cosas con que el local se hubiere arrendado, tales
como viviendas, almacenes, terrenos, saltos de agua,
fuerza motriz, maquinaria, instalaciones y, en
general, cualquier otra destinada a ser utilizada en la
explotaci¢n del arrendatario.
Art¡culo 6. Si el arrendamiento fuere de una
industria o negocio que, aunque comprendido en el
art¡culo cuarto, perteneciere a la clase de
espect culos, tales como locales de recreo, casinos, teatros,
circos o cinemat¢grafos, y el primero de enero de
mil novecientos cuarenta y siete excediere de dos
a¤os de duraci¢n o se celebrare despu‚s de dicha
fecha, por plazo igual o superior, el arrendatario
gozar del beneficio de pr¢rroga obligatoria, y en
el caso de que el arrendador haga uso de la
facultad que le confiere la causa primera de excepci¢n
del Art¡culo 76, se aplicar lo dispuesto en el
Cap¡tulo VIII, para los locales de negocio, salvo el
requisito b) del Art¡culo 90, que no ser exigible, y
en lo relativo a la indemnizaci¢n, que se limitar al
importe de una anualidad de la renta. Tampoco
tendr el arrendatario derecho al traspaso.
Art¡culo 7. El contrato de inquilinato no perder
su car cter por la circunstancia de que el inquilino,
su c¢nyuge o parientes de uno u otro hasta el tercer
grado, que con cualquiera de ellos conviva, ejerzan
en la vivienda o en sus dependencias una profesi¢n,
funci¢n p£blica o peque¤a industria dom‚stica,
aunque sea objeto de tributaci¢n.
Art¡culo 8. Los locales ocupados por
dependencias del Estado, Provincia, Municipio u otras
Corporaciones de Derecho P£blico, ser n reputados
como viviendas a los efectos de esta Ley.
Tambi‚n se estimar n as¡ los que ocupen
entidades ben‚ficas, asociaciones piadosas y, en general,
cualquier otra que no persiga fin de lucro.
Art¡culo 9. El contrato de arrendamiento de local
de negocio no perder su car cter por la
circunstancia de que el arrendatario, su familia o personas
que trabajen a su servicio tengan en ‚l su vivienda.
Art¡culo 10. El local destinado a mero escritorio u
oficina no se reputar local de negocio, sino
vivienda, aunque su inquilino se valga de ‚l para ejercer
actividad de comercio, de industria o de ense¤anza
con fin lucrativo; pero cuando interiormente se
comunique con otro ocupado por el mismo
arrendatario, que merezca la conceptuaci¢n de local de
negocio, ambos se considerar n como uno solo de
este £ltimo car cter.
Ser tambi‚n aplicable a los dep¢sitos y
almacenes lo establecido en el p rrafo anterior para los
escritorios u oficinas.
CAPÖTULO II
Naturaleza de los derechos que concede
esta Ley
Art¡culo 11. Los beneficios que la presente Ley
otorga a los inquilinos de viviendas, con o sin
muebles, y a los subarrendatarios de las mismas, ser n,
irrenunciable, consider ndose nula y sin valor ni
efecto alguno cualquier estipulaci¢n que los
contradiga; Ser n, en cambio, renunciables los que confiere
al arrendador, lo sea de local de negocio o de
vivienda, y a los arrendatarios y subarrendatarios de
locales de negocio, salvo el de pr¢rroga del contrato
de arrendamiento, cuyo derecho no podr ser
renunciado por el arrendatario.
Art¡culo 12. Aunque no exista reciprocidad de
trato con el pa¡s a que pertenezca el extranjero
inquilino o subarrendatario de una vivienda, ser
equiparado al espa¤ol; mas cuando el extranjero sea
arrendador de vivienda o local de negocio, o
arrendatario o subarrendatario de estos £ltimos locales,
se estar a lo que dispongan los Tratados
Internacionales vigentes.
Art¡culo 13. En aquellos casos en que la cuesti¢n
debatida, no obstante referirse a las materias que
esta Ley regula, no aparezca expresamente
prescrita en la misma, los Tribunales aplicar n sus
preceptos por analog¡a.
CAPÖTULO III
Del subarriendo
SECCIàN PRIMERA
Del subarriendo de viviendas
Art¡culo 14. El subarriendo de vivienda exigir
siempre la autorizaci¢n expresa y escrita del
arrendador y la entrega al subarrendatario de mobiliario,
adecuado y suficiente para el destino pactado.
Art¡culo 15. Las viviendas podr n subarrendarse
total o parcialmente.
El subarriendo parcial podr serlo de una o m s
habitaciones y con distintas personas.
El subarriendo total recaer sobre todas las
habitaciones; con inclusi¢n de las destinadas a los
servicios, y habr de celebrarse con una sola persona.
Sin admitirse prueba en contrario, se presumir
que es parcial el subarriendo cuando el inquilino
siga habitando en la vivienda, y que es total,
cuando no permanezca en ella.
Art¡culo 16. En el subarriendo parcial no podr
percibir el inquilino por cada habitaci¢n objeto del
mismo un alquiler superior a la cantidad que
resulte dividir el doble de la renta asignada al piso
por el n£mero de habitaciones no designadas a
servicios con que cuente, ni aun a pretexto de
hallarse comprendidos los de agua, luz, gas,
calefacci¢n, tel‚fono o cualquier otro de naturaleza
an loga, los cuales ser n siempre a cargo del
subarrendador.
Art¡culo 17. El precio del subarriendo total no
exceder del doble del que corresponda al
arrendamiento, siendo a cargo del subarrendatario el pago
de los suministros y servicios de la vivienda, incluso
el de los que pudieran pertenecer al inquilino.
Art¡culo 18. La determinaci¢n de la renta del
arrendamiento para fijar la del subarriendo se har
tomando como base la que proceda conforme a esta
Ley, aunque la que figurare en el contrato del
inquilino con el arrendador resultare superior.
Art¡culo 19. La autorizaci¢n del arrendador para
subarrendar no dar lugar al aumento de la renta;
pero aqu‚l tendr derecho a participar en el precio
del subarriendo en la cuant¡a que convenga con el
inquilino, siempre que al autorizarlo reserve su
participaci¢n y fije la cuant¡a o porcentaje de ‚sta.
Art¡culo 20. Durante la vigencia del contrato de
subarriendo total o parcial, podr revisarse el
precio a instancia del subarrendatario, y si ejercitada
la oportuna acci¢n resultare que paga cantidades
superiores a las que autoriza esta Ley, le cabr optar
entre resolver el contrato con abono por el
inquilino de lo indebidamente cobrado o por esto £ltimo,
sin resoluci¢n de aqu‚l. En este caso, con
preferencia a cualquier otro acreedor del inquilino, podr
el subarrendatario obtener el resarcimiento
descontando, al hacer sus pagos peri¢dicos, la mitad de lo
que, peri¢dicamente tambi‚n, hubiere satisfecho de
m s, sin que hasta obtener el completo abono de
tales responsabilidades pueda ser compelido a
abandonar la vivienda por vencimiento del contrato.
Art¡culo 21. Si ejercitada la acci¢n revisoria
resultare el mobiliario insuficiente o inadecuado, el
ocupante de la vivienda subarrendada podr continuar
en ella, obligando al inquilino a reponer los
muebles que faltaren, con devoluci¢n de la mitad de lo
que hubiere percibido por merced del subarriendo
si el incumplimiento fuere parcial, y de toda ella
si total. Adem s, hasta que se complete o reponga
el mobiliario, le cabr limitar sus pagos al importe
de la renta del arrendamiento y obtener el
resarcimiento en el modo y con las ventajas
establecidas en el art¡culo anterior, sin que en el interregno
quepa tampoco obligarle a desocuparla por haber
vencido el plazo del subarriendo.
Art¡culo 22. En ning£n caso el subarriendo de
vivienda dar lugar a su transformaci¢n en local de
negocio.
Art¡culo 23. En los subarriendos totales o
parciales, el arrendador podr exigir del subarrendatario
el abono directo de la renta y de su participaci¢n
en el precio del subarriendo, en cuyo caso, al hacer
este el pago al subarrendador, har el oportuno
descuento. Cuando el arrendador no lo exigiere as¡, el
pago hecho por el subarrendatario al inquilino ser
liberatorio, sin perjuicio de la acci¢n que asista al
arrendador contra el inquilino para reclamarle la
renta y la participaci¢n que, en su caso,
corresponda, pero no la resoluci¢n del contrato de
arrendamiento por falta de pago de aqu‚lla.
Art¡culo 24. Compete al arrendador acci¢n directa
contra el subarrendatario para exigirle la
reparaci¢n de los deterioros que ‚ste hubiera causado
dolosa o negligentemente en la vivienda, sin perjuicio
de la que le asiste contra el inquilino, pudiendo
ejercitarlas simult neamente. El inquilino que
resultare condenado, podr repetir contra el causante
de dos da¤os.
Art¡culo 25. El subarrendatario no podr , a su vez,
en ning£n caso, celebrar contrato de subarriendo.
Art¡culo 26. Cuando el inquilino tome a su cargo
la manutenci¢n, mediante precio, de los que con
‚l ocupen la vivienda, el contrato se considerar de
hospedaje y sometido a las disposiciones que
regulen la materia.
Art¡culo 27. No se reputar subarriendo ni
hospedaje la convivencia con el inquilino hasta de dos
personas extra¤as a su familia y los hijos de
cualquiera de ellas. No obstante, si el n£mero total de
extra¤os que con ‚l convivan con car cter
permanente excede de dos, el inquilino vendr obligado
al pago del diez por ciento de la renta, por cada
una de tales personas.
Los que habitaren en la vivienda del modo
previsto en el p rrafo anterior, tendr n con relaci¢n al
inquilino, y ‚ste respecto de ellos, los mismos
derechos y obligaciones que este Cap¡tulo establece para
los subarriendos parciales.
Por razones de higiene o de moralidad, las
Fiscal¡as de la Vivienda podr n limitar, en cada caso,
el n£mero de tales personas.
No podr el inquilino, al amparo de lo
prevenido en este art¡culo, de las piezas de su
vivienda para alquilarlas con fin distinto al de su
empleo como casa-habitaci¢n de quien fuere a
utilizarlas.
Art¡culo 28. El incumplimiento de las condiciones
que exige el art¡culo anterior transformar en
subarriendo no consentido la relaci¢n del inquilino
con las personas que, conforme al mismo, se le
permite alojar en la vivienda.
Art¡culo 29. El inquilino que subarriende total o
parcialmente su vivienda, no podr , dentro de la
misma o de distinta poblaci¢n, ceder otra en
subarriendo; y si a sabiendas de que incumple esta
prohibici¢n el arrendador de la segunda vivienda
consiente que sea subarrendada, el subarrendatario de
ella, mientras la habite, tendr acci¢n contra ambos
para exigir la resoluci¢n del contrato de
inquilinato del subarrendador y el otorgamiento del mismo
a su favor bajo id‚nticas condiciones que en ‚l
figuren. Los casos de igualdad se resolver n en favor del
subarrendatario que con mayor n£mero de
familiares habite en la vivienda.
Podr el subarrendatario ejercitar la acci¢n a
que se refiere el p rrafo anterior si transcurridos
tres meses desde la fecha de la notificaci¢n al
arrendador del hecho que la determina ‚ste no ejercita la
que le compete.
Cuando la prohibici¢n que impone este art¡culo
la vulnere el subarrendador sin el consentimiento
del arrendador, podr ‚ste resolver el contrato de
inquilinato; pero deber respetar al
subarrendatario en el disfrute de la vivienda por el tiempo que
faltare de cumplir, sin que durante el mismo quepa
exigirle otra cantidad como renta que la estipulada
entre arrendador e inquilino. En tales casos, el
subarrendador estar obligado, adem s, al abono de los
da¤os y perjuicios que hubiere causado.
SECCIàN SEGUNDA
Del subarriendo de locales de negocio
Art¡culo 30. El subarriendo de locales de negocio
exigir siempre la autorizaci¢n expresa y escrita del
arrendador.
Art¡culo 31. El precio del subarriendo de locales
de negocio ser libremente pactado.
Art¡culo 32. Se aplicar a esta clase de
subarriendos lo dispuesto en los Art¡culos 23, 24 y 25 para
el de viviendas.
CAPITULO IV
Cesi¢n de vivienda y traspaso de local
de negocio
SECCIàN PRIMERA
Cesi¢n de vivienda
Art¡culo 33. Queda prohibido el contrato de
cesi¢n o traspaso de viviendas a t¡tulo oneroso o
gratuito, aunque en ‚l se comprenda mobiliario o
cualquier otro bien o derecho.
Art¡culo 34. No obstante lo dispuesto en el
art¡culo anterior, aun sin el consentimiento del
arrendador, podr el inquilino subrogar en los derechos y
obligaciones propios del contrato de inquilinato a
sus parientes dentro el segundo grado que vivan con
‚l habitualmente, con un a¤o de antelaci¢n por lo
menos, pero esta subrogaci¢n deber ser notificada
de modo fehaciente al arrendador.
Art¡culo 35. Cuando el contrato de cesi¢n que se
proh¡be sea celebrado a t¡tulo oneroso, sin perjuicio
de otras responsabilidades, el cesionario podr
obtener la devoluci¢n del precio satisfecho,
ejercitando la oportuna acci¢n personal.
Art¡culo 36. La cesi¢n de vivienda realizada por
el inquilino a t¡tulo gratuito u oneroso dar acci¢n
al arrendador que, ni expresa ni t citamente la
hubiere consentido, para resolver el contrato de
inquilinato; pero deber tambi‚n demandar al
cesionario, quien podr excepcionar aduciendo el
consentimiento del actor. Esta acci¢n llevar impl¡cito,
si prosperare, el lanzamiento del cesionario y
caducar a los seis meses de ocupada la vivienda por este
ultimo. Reca¡da sentencia que imponga el
lanzamiento del cesionario, si la cesi¢n se hubiere
realizado a t¡tulo oneroso, su acci¢n para obtener del
inquilino la devoluci¢n del precio satisfecho
alcanzar el resarcimiento de los perjuicios causados,
prescribiendo en el plazo establecido en la
legislaci¢n civil com£n para el ejercicio de las personas.
De resultar que el inquilino simul¢ contar con la
autorizaci¢n del arrendador, sin perjuicio tambi‚n
de otras responsabilidades, vendr obligado a pagar
al cesionario el doble del precio de la cesi¢n, y,
adem s, a resarcirle de los perjuicios causados.
Art¡culo 37. Cuando el arrendador hubiere
consentido la cesi¢n, no prosperar la acci¢n que le
confiere el art¡culo anterior, quedando subrogado
el cesionario en los derechos y obligaciones del
inquilino cedente. Y de haber mediado precio, el
cesionario, conservando la acci¢n que para obtener su
devoluci¢n le asiste, podr dirigirla
simult neamente contra arrendador y cedente y ser n ambos
responsables del pago, sean cuales fueren los pactos
entre ellos.
Art¡culo 38. Sin perjuicio de aquellos casos en que
se pruebe el consentimiento del arrendador, se
presumir sin admitirse prueba en contrario que ha
consentido la cesi¢n y que ‚sta se realiz¢ a t¡tulo
oneroso:
- Si celebra con el nuevo ocupante contrato
de inquilinato mediante premio o prima.
- Cuando realice cualquier acto expreso que
facilite la subrogaci¢n de los derechos y
obligaciones del inquilino con persona distinta de las que
menciona el art¡culo 34.
Art¡culo 39. Se presumir , salvo prueba en
contrario, que el arrendador consinti¢ en la cesi¢n
cuando dejare caducar la acci¢n que le confiere el
art¡culo 36.
Art¡culo 40. Cuando por sentencia firme y
ejecutoria reca¡da en el pleito que la motive se declare
la existencia de cesi¢n de vivienda a t¡tulo oneroso,
consentida por el arrendador, no podr ‚ste
compeler al cesionario para que la desaloje por la causa
primera de excepci¢n a la pr¢rroga que establece
el Cap¡tulo VIII.
Art¡culo 41. Cuando en el pleito que la motive
hubiere reca¡do sentencia firme y ejecutoria que
declare la existencia de cesi¢n a t¡tulo oneroso, en
ning£n caso la indemnizaci¢n para el cesionario
podr ser inferior a dos anualidades de la renta.
Art¡culo 42. Los anteriores preceptos se aplicar n
tambi‚n cuando la cesi¢n recaiga sobre los
derechos y obligaciones del subarrendatario, en cuyo
caso podr resolverse el contrato de subarriendo a
instancia del subarrendador o del arrendador que
no la hubiere consentido; pero tambi‚n deber
demandarse al cesionario, que podr excepcionar
conforme a lo establecido en el art¡culo 36
respondiendo del pago el arrendador y el inquilino,
solidariamente con el subarrendatario, de haber consentido
la cesi¢n. En ning£n caso podr declararse que la
indemnizaci¢n sea inferior al importe de una
anualidad del subarriendo.
Art¡culo 43. La acci¢n que al amparo de los
anteriores preceptos ejercite el cesionario no se
suspender una vez emprendida, ni aun en el caso del
art¡culo 362 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Tampoco ser aplicable el art¡culo 114 de la
Ley de Enjuiciamiento criminal en lo que respecta
a la suspensi¢n del pleito exclusivamente; pero
para las responsabilidades civiles que en su caso se
impongan en la causa ser n de abono las
indemnizaciones que este Cap¡tulo establece y viceversa.
SECCIàN SEGUNDA
Traspaso de locales de negocio
Art¡culo 44. El traspaso de locales de negocio
consistir , a efectos de esta Ley, en la cesi¢n mediante
precio de tales locales sin existencia, hecha por el
arrendatario a un tercero, el cual quedar
subrogado en los derechos y obligaciones nacidos del
contrato de arrendamiento.
Art¡culo 45. Ser n requisitos necesarios para la
existencia legal del traspaso los siguientes:
- Que el arrendatario lleve legalmente
establecido en el mismo local objeto del traspaso y
explot ndolo sin interrupci¢n el tiempo m¡nimo de
un a¤o.
- Que el adquirente contraiga la obligaci¢n
de permanecer en el local, sin traspasarlo, el plazo
m¡nimo de otro a¤o y destinarlo, durante este
tiempo, por lo menos, a negocio de la misma clase que
el ejercido por el arrendatario.
- La fijaci¢n de un precio cierto por el
traspaso.
- Que el arrendatario notifique
fehacientemente al arrendador, o en su defecto a su
apoderado, administrador y en £ltimo t‚rmino al que
materialmente cobre la renta, su decisi¢n de traspasar
y el precio convenido.
- Otorgarse el traspaso por escritura p£blica,
en la cual deber consignarse, bajo la
responsabilidad del arrendatario, haber cumplido el requisito
anterior y la cantidad por la que se ofreci¢ el
traspaso al arrendador.
- Que dentro de los ocho d¡as siguientes al
otorgamiento de la escritura, el arrendatario
notifique de modo fehaciente al arrendador, o en su
defecto a las personas que menciona el p rrafo d),
la realizaci¢n del traspaso, el precio percibido, el
nombre y domicilio del adquirente y que ‚ste ha
contra¡do la obligaci¢n establecida en el p rrafo b).
La falta de cualquiera de estos requisitos
facultar al arrendador a no reconocer el traspaso.
Art¡culo 46. El adquirente por traspaso,
transcurrido un a¤o desde la fecha del otorgamiento de la
escritura, estar facultado para realizarlo con
sujeci¢n siempre a las reglas establecidas en este
cap¡tulo.
Art¡culo 47. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
art¡culos anteriores, se reconoce al arrendador de
local de negocio el derecho de tanteo, que podr
utilizar dentro de los treinta d¡as a partir del
siguiente a aquel en que el arrendatario le notifique
su decisi¢n de traspasar y el precio que le ha sido
ofrecido. Hasta que transcurra este plazo no podr
el arrendatario concertar con un tercero el traspaso.
Art¡culo 48. Tambi‚n se reconoce en favor del
arrendador el derecho de retracto sobre el local de
negocio traspasado por el arrendatario cuando ‚ste
no le hubiere hecho la preceptiva oferta o hubiere
realizado el traspaso por precio inferior al que le
notific¢.
Este derecho lo tendr igualmente el
arrendador cuando el traspaso del local se hiciera por
daci¢n o adjudicaci¢n judicial o extrajudicial en pago
de deudas.
En cualquier caso ser aplicable lo dispuesto en
el art¡culo 1.518 del C¢digo Civil.
La acci¢n habr de ejercitarla el arrendador
precisamente dentro de los treinta d¡as siguientes a
contar de aquel en que le fuera notificada por el
arrendatario la realizaci¢n del traspaso. Y si la
notificaci¢n no le hubiere sido hecha, as¡ como en los
casos de daci¢n o adjudicaci¢n en pago, desde que
tenga conocimiento de la transmisi¢n y de sus
condiciones esenciales.
Art¡culo 49. Los coarrendadores no podr n
ejercitar los derechos de tanteo y retracto
individualmente; pero si alguno de ellos no deseare usarlos,
se entender que renuncia en beneficio del
coarrendador que quiera hacer uso de ellos.
Art¡culo 50. El arrendador que no hubiere
ejercitado su derecho de tanteo o de retracto sobre el
local de negocio traspasado, podr reclamar del
arrendatario la participaci¢n en el precio que con
‚l convenga; y de no haber entre ellos,
dicha participaci¢n ser de un 10 por 100, que en
todo caso retendr del precio del traspaso el
cesionario para su abono al arrendador.
Art¡culo 51. El tanteo, retracto y participaci¢n en
el precio del traspaso a que este cap¡tulo se refiere
ser n preferentes sobre cualquier otro derecho
similar, a excepci¢n del de condue¤o del negocio.
Art¡culo 52. La adquisici¢n hecha por el
arrendador a virtud de los derechos de tanteo y retracto
quedar sometida a la condici¢n de que ejerza
industria o comercio, precisamente en el local
adquirido, por el plazo m¡nimo de un a¤o.
Art¡culo 53. Para que el traspaso de local de
negocio obligue al arrendador cuando el arrendatario
al realizarlo venda existencias, mercader¡as, enseres
o instalaciones de su propiedad que en ‚l hubiere
o el negocio mismo, ser menester que se observen
las anteriores reglas, y, adem s, que tanto en la
preceptiva oferta al arrendador como en la escritura
que solemnice la cesi¢n, se consigne el precio del
traspaso del local separadamente del que
corresponda a los restantes bienes transmitidos.
En estos casos y aunque la transmisi¢n se
debiera a daci¢n o adjudicaci¢n en pago de deudas,
conservar el arrendador los derechos de tanteo y
retracto, referidos al local exclusivamente; y si no
hiciere uso de ellos, su participaci¢n recaer ,
tambi‚n £nicamente sobre el precio del traspaso del
local.
Art¡culo 54. En los casos de daci¢n y adjudicaci¢n
en pago de deudas, la entrega al arrendador de la
participaci¢n en el precio ser a cargo del
adquirente.
Art¡culo 55. La asociaci¢n que, exclusivamente
entre s¡, realicen los hijos del titular arrendatario de
local de negocio, que hubiere fallecido, no se
reputar traspaso mientras subsista.
Tampoco se considerar traspaso la cesi¢n que
del local de negocio o del negocio mismo efect£e
el arrendatario a una Cooperativa u otra Unidad
Sindical, constituida con mayor¡a de los productores
obreros que en ‚l estuvieren empleados; pero s¡ se
reputar existente el traspaso cuando la que hubiere
adquirido el local lo ceda a otro.
Art¡culo 56. Cada traspaso que de un local de
negocio se efect£e conforme a lo dispuesto en este
cap¡tulo, dar derecho al arrendador que no hubiere
ejercitado los de tanteo o retracto para aumentar
en un 10 por 100 la renta vigente en el momento
de realizarse aqu‚l.
Este derecho no lo tendr el arrendador cuando
el local de negocios se alquilare por primera vez con
posterioridad al primero de enero de mil
novecientos cuarenta y siete.
CAPÖTULO V
Del arrendamiento de viviendas amuebladas
Art¡culo 57. Cuando con la vivienda ceda el
arrendador el uso de mobiliario, para que a efectos de
esta Ley se estime arrendada con muebles, habr n
de ser ‚stos adecuados y suficientes a las
proporciones de aqu‚lla. En el contrato, adem s, deber
figurar separadamente el precio del arrendamiento
de la vivienda del atribuido al mobiliario.
Art¡culo 58. El precio de los arrendamientos de
viviendas amuebladas no exceder del doble del que
corresponda al arrendamiento del local que le sirva
de objeto sin muebles, y se determinar tomando
como base la renta que deba asignarse conforme a
los preceptos de esta Ley al local desamueblado.
Art¡culo 59. Si la merced o precio estipulado
fuera superior al autorizado para el arrendamiento del
mobiliario, el arrendatario, mientras permanezca en
la vivienda, tendr acci¢n para solicitar revisi¢n de
la renta pactada, y si tal acci¢n prosperase, para
exigir la resoluci¢n del contrato de arrendamiento
del mobiliario, con subsistencia del de inquilinato,
y el reintegro de la mitad de las cantidades que
indebidamente hubiere abonado el arrendador por
tal concepto.
Si fuera insuficiente o inadecuado el mobiliario
entregado al inquilino, ‚ste, mientras permanezca
en la vivienda, podr exigir del arrendador el
complemento de aqu‚l, y si prosperase su acci¢n, el
reintegro de la mitad de las cantidades que
indebidamente le hubiese abonado por aquella causa.
Art¡culo 60. En ning£n caso el arrendamiento de
viviendas amuebladas dar lugar a su
transformaci¢n en locales de negocio.
Art¡culo 61. Ni aun con el consentimiento del
arrendador podr n subarrendarse total o
parcialmente las viviendas a que se refiere este
Cap¡tulo, y si el subarriendo se concertare con la
autorizaci¢n de aqu‚l, podr n los subarrendatarios,
mientras habiten la vivienda, obtener la
subrogaci¢n en los derechos del arrendatario, con
preferencia, si fueren varios, para el de m s familia.
Sin perjuicio de aquellos casos en que pueda ser
acreditado el consentimiento del arrendador. se
presumir , sin admitirse prueba en contrario, cuando
a los seis meses de ocupada la vivienda por persona
distinta del inquilino, de los familiares que con ‚l
convivan habitualmente o de la servidumbre, no
insta la resoluci¢n del contrato.
En tales casos, arrendador e inquilino vendr n
obligados solidariamente a devolver al
subarrendatario lo abonado sobre el precio del arrendamiento.
Art¡culo 62. Los preceptos del Cap¡tulo anterior
relativos a la prohibici¢n y consecuencias de la
cesi¢n de viviendas ser n tambi‚n aplicables a las que
hubieren arrendado con muebles, asimil ndose
la cesi¢n a la de derechos y obligaciones del
subarrendatario y comprendida, por tanto, en el
art¡culo 42.
CAPÖTULO VI
Derechos de tanteo y retracto del inquilino
y del arrendatario de local de negocio
Art¡culo 63. En los casos de ventas por pisos
realizadas a partir de primero de enero de mil
novecientos cuarenta y siete, podr el inquilino de vivienda
o el arrendatario de local de negocio utilizar el
derecho de tanteo en el plazo de treinta d¡as a contar
del siguiente al en que se le notifique en forma
aut‚ntica la decisi¢n de vender o ceder
solutoriamente la vivienda o local de negocio arrendado, el
precio ofrecido y las condiciones de la transmisi¢n.
Cuando en la finca s¢lo existiere una vivienda
o local de negocio, su arrendatario tendr el mismo,
derecho.
Art¡culo 64. En los mismos casos a que se refiere
el art¡culo anterior podr el inquilino o el
arrendatario ejercitar el retracto de la vivienda o local
de negocio arrendado, con sujeci¢n al art¡culo 1.518
del C¢digo Civil, en los tres supuestos siguientes:
- Si no se le hubiere hecho la notificaci¢n
exigida en el art¡culo anterior.
- Si resultare inferior a precio efectivo de la
transmisi¢n al se¤alado en dicha notificaci¢n o
distintas las condiciones esenciales de ‚sta.
- Si no hubiere utilizado el tanteo.
En los casos a) y b) la acci¢n habr de ejercitarla
en el plazo de sesenta d¡as, en el c) o cuando la
transmisi¢n se causare por t¡tulo de acci¢n o
adjudicaci¢n en pago de deudas judicial o
extrajudicialmente, en el de quince d¡as.
Los plazos se contar n desde que fuere inscrita
la transmisi¢n en el Registro de la Propiedad, y a
falta de inscripci¢n, desde que tuviere conocimiento
de aqu‚lla. Pero no se computar , por no ser
inscribible la transmisi¢n, aunque s¡ susceptible de
anotarse preventivamente por defecto subsanable,
mientras no se notifique por conducto notarial al
inquilino o arrendatario la venta del piso que
ocupare.
Art¡culo 65. El retrayente o el que hubiere
adquirido por derecho de tanteo no podr transmitir
por acto ®¡nter vivos¯ el piso adquirido hasta que
hubieren transcurrido dos a¤os desde la
adquisici¢n, salvo si acreditare haber venido a peor
fortuna. Y si por t¡tulo de herencia o legado hubiere
pasado a poder de terceros, el compromiso obligar ,
al heredero o legatario por el tiempo que aun
fallare de cumplir.
Art¡culo 66. El tanteo y retracto tendr n en estos
casos preferencia sobre cualquier otro derecho
similar, con excepci¢n del de condue¤o.
Art¡culo 67. El arrendatario de vivienda o local
de negocio tendr derecho a impugnar el precio
fijado en el contrato de transmisi¢n determinante
del retracto, si lo considerare excesivo. Y se
presumir sin admitirse prueba en contrario que es
excesivo si el precio figurado en la escritura de venta
o en la adjudicaci¢n, incluido en su caso el
importe de la carga, rebasa de la cantidad que arroje
la renta pactada por el piso capitalizada al tres
por ciento cuando se tratare de vivienda o local
construido o habilitado por primera vez antes del
uno de enero de mil novecientos cuarenta y dos, y
al cuatro y medio por ciento, si con posterioridad
a esta £ltima fecha.
Si se diere la presunci¢n a que se refiere el
p rrafo anterior y el inquilino o arrendatario no
ejercitare el retracto, lo que £nicamente podr hacerse
por el precio figurado en la escritura de venta o
acto de adjudicaci¢n, le cabr instar la anulaci¢n
del contrato transmisorio, cuya acci¢n caducar a
los sesenta d¡as contados desde la fecha en que pudo
ejercitar la de retracto.
Art¡culo 68. En las ventas por pisos a que este
Cap¡tulo se refiere deber respetarse el orden de
prelaci¢n que establecen los art¡culos 79, 80 y 81
en cuantos casos hubiere en la finca de pisos de
caracter¡sticas an logas, entendi‚ndose que la
analog¡a existe cuando el inmueble contare con dos o
m s pisos de renta, superficie, orientaci¢n y altura
semejantes o parecidas.
Art¡culo 69. Cuando el piso vendido no estuviere
arrendado, para que sea inscribible la transmisi¢n,
deber el vendedor declararlo as¡ en la escritura
notarial de venta, bajo pena de falsedad en
documento p£blico.
CAPITULO VII
Tiempo de duraci¢n de los contratos a que esta
Ley se refiere
Art¡culo 70. Sea cual fuere la fecha de su
edificaci¢n u ocupaci¢n, y tanto en las viviendas como
en los locales de negocio, aunque cambie el due¤o
o el titular arrendador, llegado el d¡a del
vencimiento pactado en el contrato de arrendamiento,
‚ste se prorrogar obligatoriamente para el
arrendador y potestativamente para el inquilino o
arrendatario, sin alteraci¢n de ninguna de sus cl usulas,
todas las cuales se reputar n vigentes.
Art¡culo 71. Si durante la vigencia de un contrato
de inquilinato falleciere el inquilino, su c¢nyuge,
si conviv¡a con ‚l, y sus parientes hasta el tercer
grado por consanguinidad o afinidad, que
habitaren en la vivienda con un a¤o de anterioridad al
¢bito, podr n continuar ocup ndola sin necesidad
de celebrar nuevo contrato, quedando subsistente el
otorgado a favor del titular fallecido.
Art¡culo 72. Si los beneficiarios del derecho que
establece el art¡culo anterior no desearen ocupar
conjuntamente la vivienda, se guardar el siguiente
orden de prelaci¢n: c¢nyuge, hijos, padres, nietos,
abuelos, hermanos, t¡os y sobrinos. Prevalecer el
derecho de los de doble v¡nculo y consanguinidad,
resolvi‚ndose los casos de igualdad en favor del que
tuviere mayor n£mero de cargas familiares, con
preferencia para el sexo femenino. Cuando los
padres fueran septuagenarios, ser n preferidos a los
hijos.
Art¡culo 73. Por el mero hecho de la muerte del
arrendatario del local de negocio ocurrido bajo la
vigencia del contrato podr advenir arrendatario el
heredero, y a falta de ‚ste o de su deseo de
continuar el arrendamiento, el socio, aun en el supuesto
de una sociedad civil. De igual beneficio disfrutar n
las entidades espa¤olas que absorban los negocios
de sociedades extranjeras domiciliadas en Espa¤a.
Art¡culo 74. Lo dispuesto en los precedentes
art¡culos no ser de aplicaci¢n en los contratos de
subarriendo de locales de negocio o de viviendas en
que salvo lo establecido para el de estas £ltimas en
los casos que prev‚n los art¡culos 20 y 21, s¢lo
obligar n al subarrendador por el plazo pactado. Pero
s¡ ser aplicable en el arrendamiento de viviendas
amuebladas.
Art¡culo 75. Durante el plazo estipulado en el
contrato, el arrendatario o subarrendatario, lo sea de
vivienda o de local de negocio, vendr obligado al
pago de la renta; y si antes de su terminaci¢n lo
desaloja, deber notificar su prop¢sito por escrito al
arrendador o subarrendador, con treinta d¡as de
antelaci¢n por lo menos, e indemnizarle con una
cantidad equivalente a la renta que corresponda al
plazo que, seg£n el contrato, quedare por cumplir.
CAPÖTULO VIII
Excepciones a la pr¢rroga obligatoria
SECCIàN PRIMERA
Disposici¢n general
Art¡culo 76. Transcurrido el plazo por el que
hubiere sido pactado el arrendamiento de vivienda
o local de negocio, podr el arrendador, negar la
pr¢rroga del contrato por alguna de las causas
siguientes:
- Por necesitar para s¡ la vivienda o local de
negocio o para que la ocupen sus descendientes o
ascendientes consangu¡neos.
- Por proyectar el derribo de la finca para
edificar otra que cuente, cuando menos, con un
tercio m s de las viviendas que en ella hubiere; y
una, como m¡nimo, si no las hubiere en el edificio
que se pretende derribar.
SECCIàN SEGUNDA
De la causa primera de excepci¢n a la pr¢rroga
Art¡culo 77. Si se tratare de vivienda, para que
proceda la causa primera, el arrendador habr de
acreditar la necesidad de su ocupaci¢n,
presumi‚ndose ‚sta, sin perjuicio de aquellos otros casos en
que se demuestre, cuando la persona para la que se
reclame sea halle en alguno de los siguientes:
- Si habilitado fuera del t‚rmino municipal
en que se encontrare la finca, necesitare domiciliarse
en ‚l.
- Cuando residiendo en la misma poblaci¢n
en que radique la finca, por aumento de sus
necesidades familiares, resulte la vivienda que ocupe
notoriamente insuficiente y de superficie inferior a la
que quiera habitar.
- En el caso de que contraiga matrimonio
y deba residir en la localidad en que est‚ situada la
finca.
- Cuando, domiciliado en el lugar en que se
halle la finca, por causas absolutamente ajenas a su
voluntad, se vea obligado a desalojar la vivienda
que habitare.
Art¡culo 78. Se presumir , salvo prueba en
contrario, no acreditada la necesidad cuando con seis
meses de antelaci¢n a ser notificada la negativa de
pr¢rroga se hubiere desalojado vivienda de
caracter¡sticas an logas en edificio propiedad del
arrendador o del descendiente o ascendiente
consangu¡neo para quien se reclame.
Art¡culo 79. No podr el arrendador escoger a su
arbitrio la vivienda que desee ocupar, sino que
deber dirigirse sobre las que, aunque arrendadas, se
hallaren habitualmente deshabitadas. De no haber
ninguna en estas condiciones, sobre las que no
sirvan de hogar familiar, conceptu ndose as¡ las que
no aparezcan permanentemente habitadas por
persona alguna; despu‚s, sobre las que se hallen
destinadas a los escritorios y almacenes de que trata el
art¡culo 10 y que, a tenor del mismo, merecen la
conceptuaci¢n de viviendas; a continuaci¢n, sobre
las ocupadas por menor familia, y s¢lo en £ltimo
lugar sobre las correspondientes a funcionarios
p£blicos con deber de residencia, o a quienes, adem s de
vivir en ellas, ejerzan en las mismas profesi¢n u
oficio que sea objeto de tributaci¢n.
Los casos de igualdad se resolver n en beneficio
del inquilino m s antiguo.
Art¡culo 80. Las viviendas subarrendadas total o
parcialmente y las arrendadas con muebles estar n
tambi‚n afectadas por el orden que se establece;
pero no se considerar familia del inquilino a los
subarrendatarios. Tampoco se reputar n familiares,
a los efectos de este art¡culo y del anterior, las
personas que puede el inquilino alojar en su vivienda,
seg£n lo dispuesto en el articulo 27.
Art¡culo 81. Cuando en la finca hubiere viviendas
exteriores o interiores, el arrendador podr dirigirse
indistintamente contra las de una u otra clase; pero
al seleccionar la que desee habitar, deber respetar,
dentro de cada grupo, el orden de prelaci¢n que se
deja establecido.
Art¡culo 82. Hecha la selecci¢n, el arrendador
notificar de modo fehaciente al inquilino afectado la
necesidad en que se halla de habitar la vivienda,
sus causas y la raz¢n por la que la ha elegido,
expresando las circunstancias de prelaci¢n
concurrentes en los restantes inquilinos y ofreciendo, de
manera formal, la indemnizaci¢n de un a¤o de renta;
todo ello con un a¤o de antelaci¢n al de la fecha
en que desee ocupar la vivienda.
Cuando la reclame para sus ascendientes o
descendientes, deber expresarlo as¡ en su notificaci¢n.
Art¡culo 83. El inquilino al desalojar la vivienda,
recibir del arrendador la indemnizaci¢n de un a¤o
de renta, y dentro de los tres meses siguientes,
podr exigirle el abono de indemnizaci¢n superior, si
acreditare exceder de aquella suma el perjuicio que
se le origina. Pero cuando, sin mediar causa justa,
deje transcurrir el plazo de un a¤o sin desalojarla,
perder el derecho a toda indemnizaci¢n.
Art¡culo 84. No obstante lo dispuesto en el
art¡culo anterior, los Tribunales, atendidas las
circunstancias personales de cada caso, podr n
ampliar hasta por seis meses el plazo que para
desalojar la vivienda se se¤ala al inquilino y acordar el
abono por el arrendador de indemnizaci¢n, que no
rebasar del importe de seis mensualidades de
renta, si resultaren de equidad las razones en m‚rito
a las cuales no desaloj¢ aqu‚l la vivienda dentro
del a¤o.
Art¡culo 85. Si dentro de los tres meses de ser
desalojada la vivienda ‚sta no fuere ocupada por la
persona para la cual se reclam¢, podr el inquilino
volver a ella por acci¢n que caducar dentro de otro
plazo igual. En este caso, reput ndose prorrogado el
contrato, el arrendador vendr obligado a
indemnizarle de cuantos perjuicios le hubiera causado, y el
importe de la indemnizaci¢n en ning£n caso ser
inferior al de otra anualidad de renta. Adem s,
hasta transcurridos tres a¤os, contados desde el d¡a en
que el inquilino volvi¢ a la vivienda, no podr el
arrendador, aunque fuere ‚ste distinta persona,
intentar su ocupaci¢n.
Art¡culo 86. Cuando el arrendador, con
anterioridad a primero de enero de mil novecientos
cuarenta y siete, hubiere autorizado el subarriendo
total de una vivienda o arrendado ‚sta con muebles,
no proceder la excepci¢n primera a la pr¢rroga
sobre la que en tal caso se hallare, sea cual fuere el
que dio la autorizaci¢n o que celebr¢ el contrato.
Y sea quien fuere el titular arrendador que la
hubiere concedido, no se dar lugar a esta
excepci¢n a la pr¢rroga cuando, autorizado por escrito
el inquilino o sus continuadores a ceder su
vivienda con anterioridad a la promulgaci¢n de la Ley de
veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y
seis, no hubieren usado de su derecho.
Art¡culo 87. Si la selecci¢n recayere en vivienda
afectada por lo dispuesto en el art¡culo anterior,
aunque las autorizaciones se hubieren otorgado en
documento privado, obligar n al arrendador, y ‚ste
s¢lo podr dirigirse sobre la inmediata precedente,
seg£n el orden de prelaci¢n del art¡culo 79, cuando
aqu‚llas constaren en documento p£blico.
Art¡culo 88. Tampoco podr el arrendador actual
o sus herederos negar por la causa primera del
art¡culo 76 la pr¢rroga del contrato, adem s de en el
caso del art¡culo 39, si resultaren condenados como
autores, c¢mplices o encubridores del delito a que
se refiere la Ley de veintisiete de abril de mil
novecientos cuarenta y seis, perpetrada respecto de
vivienda situada en la misma finca.
Art¡culo 89. El arrendador, propietario de una
sola vivienda que sin habitar en ella o en la finca
a que la misma pertenezca, necesitara ocuparla por
s¡, o por sus ascendientes o descendientes
consangu¡neos, que tampoco dispusieren de casa-habitaci¢n
en el inmueble, podr asimismo negar la pr¢rroga
del contrato de inquilinato al amparo de la causa
primera del art¡culo 76. En tales casos, y aunque el
contrato lo hubiere celebrado anterior titular
arrendador, ser , asimismo aplicable lo dispuesto en el
art¡culo 77 y en el 82; este £ltimo por lo que
respecta a la explicaci¢n y notificaci¢n de la necesidad,
indemnizaci¢n y plazo de preaviso, y en los 83 a 86
inclusive.
Art¡culo 90. Para que proceda la primera causa de
excepci¢n a la pr¢rroga del contrato de
arrendamiento de local de negocio, cuando el arrendador
lo desee para s¡ o para sus ascendientes, o
descendientes consangu¡neos, adem s de acreditar la
necesidad en que se halla de ocuparlo, deber n
concurrir los siguientes requisitos:
- Que el arrendador, con un a¤o de
antelaci¢n a la fecha en que desee que el arrendatario,
desaloje el local, le notifique, fehacientemente su
prop¢sito de ocuparlo, por s¡ o por su familiar con
derecho a ello, expresando en este £ltimo caso el
parentesco que con ‚l le une.
- Que el que aspire a ocupar el local se halle
establecido en actividad de comercio, de industria
o de ense¤anza con fin lucrativo en local que ocupe
a t¡tulo de arrendatario, con un a¤o de antelaci¢n,
cuando menos, a la fecha en que el requerido reciba
la notificaci¢n que exige el p rrafo anterior.
- Que el arrendatario sea indemnizado por el
arrendador en la cuant¡a que libremente convengan,
y de no haber acuerdo, con la suma que se¤ale la
junta de Estimaci¢n de que trata el art¡culo 94.
Art¡culo 91. El local reclamado conforme al
art¡culo anterior deber ser ocupado y abierto al
p£blico por la persona para quien se pidi¢ dentro de
los seis meses de haber sido desalojado por el
arrendatario.
Art¡culo 92. El mero hecho de que el arrendador
desee o necesite la ampliaci¢n de su negocio no
ser causa bastante para justificar la necesidad en
que se halla de ocupar el local que hubiere dado
en arriendo.
Art¡culo 93. Cuando medie acuerdo entre
arrendador y arrendatario sobre el importe de la
indemnizaci¢n a percibir por este £ltimo, deber serle
entregada en el plazo comprendido entre la
notificaci¢n del arrendador y el d¡a en que desaloje el
local. Y si transcurrido dicho plazo el arrendador
no realiza el pago, se tendr por prorrogado el
contrato, sin que pueda volver a reclamar el local hasta
transcurridos cinco a¤os desde la fecha en que
requiri¢ el arrendatario; todo ello sin perjuicio de
la acci¢n que a ‚ste compete para resarcirse de los
da¤os y perjuicios que le hubieren sido causados.
Lo mismo se har cuando incumpla el arrendador
lo dispuesto en el art¡culo 91.
Cuando el arrendatario que hubiere prestado
conformidad al percibo de la indemnizaci¢n
convenida con el arrendador no desaloje el local dentro
del plazo marcado, perder el derecho a la misma
y vendr obligado a resarcirle de los perjuicios que
su demora le origine.
Art¡culo 94. Si no mediare acuerdo sobre el
importe de la indemnizaci¢n a abonar por el
arrendador, se determinar pericialmente por una Junta
de Estimaci¢n que, para conocer en cada caso,
dispondr se constituya bajo su presidencia el Juez
municipal o comarcal, seg£n proceda, del Distrito
o Comarca correspondiente al lugar en que radique
la finca. Ser n Vocales de esta Junta un propietario
de finca urbana, sita en el mismo Distrito municipal
que el inmueble a que afecta la peritaci¢n, y un
comerciante o industrial clasificado en la misma
tarifa y ep¡grafe tributario que el arrendatario, o que
explote negocio an logo al de ‚ste. Caso de no
existir en el Distrito o Comarca personas que re£nan
estas condiciones, podr el juez disponer que dichos
Vocales sean de otro, preferentemente de los
colindantes. Ambos los designar el juez en cada caso
por insaculaci¢n; y una y otra parte podr n
recusarlos, admiti‚ndose la recusaci¢n por una sola vez
y por el mero hecho de formularla.
Art¡culo 95. La Junta de Estimaci¢n actuar a
instancia del arrendador o arrendatario, mediante
escrito dirigido al juez municipal o comarcal, en
su caso; y habr de emitir resoluci¢n dentro de los
quince d¡as de ser aqu‚l presentado.
Sus acuerdos los adoptar por mayor¡a, con voto
dirimente y de calidad del Juez.
Art¡culo 96. Al fijar la indemnizaci¢n, la Junta
consignar el precio medio en traspaso de locales
destinados al mismo negocio del arrendatario y
sitos en la zona comercial en que ‚ste se hallare, como
tambi‚n la existencia o inexistencia en la expresada
zona de locales desalquilados y adecuados al
referido negocio, adem s de cuantas, circunstancias
considere oportuno.
El importe de la indemnizaci¢n, cuando el
arrendatario hubiere adquirido el local por traspaso, no
ser nunca inferior a lo que hubiere satisfecho por
el mismo.
Para su determinaci¢n podr disponer el Juez
las diligencias o peritaciones que considere
necesarias corriendo los gastos que se originen por mitad
a cargo del arrendador y arrendatario, quienes en
todo caso habr n de pagar en la misma forma una
cantidad equivalente al 0,50 por 100 del importe de
la valoraci¢n efectuada. Las cantidades as¡
recaudadas se destinar n a cubrir los gastos que origine la
actuaci¢n de las Juntas de Estimaci¢n, en la forma
que disponga el Gobierno, el cual queda
autorizado a se¤alar dietas a sus Vocales.
Art¡culo 97. Las valoraciones que efect£e la Junta
de Estimaci¢n ser n definitivas, y ejecutorias sus
resoluciones, no d ndose contra ellas recurso alguno;
pero s¡ cabr impugnarlas en el juicio declarativo
correspondiente.
Art¡culo 98. Ser aplicable lo dispuesto en
art¡culo 93 cuando la indemnizaci¢n a satisfacer por
el arrendador la se¤ale, la junta de Estimaci¢n de
que trata el art¡culo anterior, comput ndose el
plazo para el pago y para que el arrendatario desaloje
el local, desde la fecha en que fuere notificada la
resoluci¢n.
Art¡culo 99. El subarrendatario de local de
negocio tendr derecho a partir por igual con el
arrendatario la indemnizaci¢n que proceda, cuando el
arrendador use del derecho que este cap¡tulo le
reconoce en los anteriores art¡culos, exceptu ndose
aquellos casos en que por pacto expreso entre
arrendatario y subarrendatario se disponga otra cosa.
Art¡culo 100. Cuando el Estado, la Provincia, el
Municipio o las Corporaciones de derecho p£blico
deseen ocupar sus propias fincas, para establecer sus
oficinas o servicios, no vendr n obligados a
justificar la necesidad, bien se trate de viviendas o de
locales de negocio, pero s¡ a respetar lo dispuesto
tanto para ‚stos como para aqu‚llas, sobre preaviso,
indemnizaci¢n y plazo para desalojar.
Art¡culo 101. De ser arrendatarios estas Entidades
ser de aplicaci¢n lo dispuesto en los art¡culos 77
a 89, y a efectos del orden de prelaci¢n del
art¡culo 79 los locales que ocupen, se considerar n
como meros escritorios u oficinas.
SECCIàN TERCERA
De la causa segunda de excepci¢n a la pr¢rroga
Art¡culo 102. Para que proceda la segunda causa
de excepci¢n a la pr¢rroga del contrato de
arrendamiento de viviendas o de local de negocio, ser
necesario:
- Que el arrendador, con un a¤o de
antelaci¢n, cuando menos, a la fecha en que se proponga
derruir el inmueble, notifique de manera solemne
al Gobernador civil de la provincia el compromiso
que adquiere de edificar de modo que la nueva
finca cuente al menos con una tercera parte m s del
n£mero de viviendas de que disponga aqu‚l,
respetando al propio tiempo el n£mero de locales de
negocio si en el inmueble a derruir los hubiere.
Y cuando la finca careciere de viviendas, o las que
existieren fueren dependencias del local o locales de
negocio con que cuente, se compromete a que la
reedificada disponga de una o m s viviendas, no
escritorios u oficinas, susceptibles de ser utilizadas con
independencia plena de los locales de negocio.
- Que tambi‚n con un a¤o de antelaci¢n por
lo menos al d¡a en que proyecte iniciar la
demolici¢n el arrendador notifique su prop¢sito por
conducto notarial a todos los arrendatarios del
inmueble, bien lo sean de viviendas o de locales de
negocio, manifest ndoles que ha contra¡do el
compromiso a que se refiere el p rrafo anterior.
Art¡culo 103. Dentro de los dos meses a contar
desde el d¡a en que quede totalmente desalojada la
finca deber n iniciarse las obras de demolici¢n.
Transcurrido este plazo sin empezarlas, todos los
arrendatarios, ya lo sean de vivienda o local de
negocio, y sin obligaci¢n de pago de las mensualidades
transcurridas, podr n volver al inmueble; y el
arrendador habr de indemnizar a los inquilinos
con el importe de seis mensualidades de renta, y a
los arrendatarios de local de negocio, con la de un
a¤o. Pero el abono de estas indemnizaciones s¢lo
proceder si los primeros permanecen ocupando su
vivienda el plazo m¡nimo de seis meses, y de un a¤o
los segundos.
Art¡culo 104. Antes de que desalojen la finca, los
arrendatarios de vivienda o local de negocio que
desearen volver al inmueble cuando fuere
reedificado suscribir n sendos documentos con el
arrendador, consignando la extensi¢n superficial de los que
respectivamente ocupen, su renta y el n£mero de
viviendas y locales de negocio con que cuente el
inmueble. El incumplimiento de esta obligaci¢n, si
fuere imputable al arrendador, dar lugar a que se
aplique lo dispuesto en el articulo 110, aunque no
se origine el incumplimiento que en ‚l se previene.
Los que no deseen volver al inmueble
reconstruido lo manifestar n por escrito al arrendador,
y ‚ste, al desalojar sus viviendas o locales de
negocio y suscribir el documento que exprese dicha
resoluci¢n, les indemnizar en la cuant¡a se¤alada en el
articulo anterior.
Art¡culo 105. Cada inquilino o arrendatario que
tenga el prop¢sito de volver al inmueble
reedificado, al desalojar las viviendas o locales de negocio
que ocupe en el que fuere a demolerse, comunicar
por escrito certificado al arrendador, a su apoderado
o administrador y, en £ltimo t‚rmino, a quien
materialmente perciba la renta, un domicilio para o¡r
las notificaciones, perdiendo asimismo los derechos
que les reconoce este cap¡tulo si no lo hiciere.
Art¡culo 106. Reconstruida la finca, se reservar n
en ella a los inquilinos y arrendatarios que
cumplieren lo exigido en este capitulo para ocuparla
tantas viviendas y locales de negocio como
alquilados tuvieren en la derruida; y precisamente en el
domicilio a que se refiere el art¡culo anterior, el
arrendador les notificar notarialmente que en el
plazo de treinta d¡as siguientes al recibo de su
comunicaci¢n podr n instalarse en las viviendas y
locales de negocio que les correspondieren, cuyas
caracter¡sticas, extensi¢n, renta y circunstancias que
la determinan detallar , as¡ como el n£mero total
de ‚stos y de aqu‚llas con que cuente la finca.
Transcurrido el plazo se¤alado en el p rrafo
anterior sin que los inquilinos o arrendatarios se
instalen en las viviendas o locales de negocio
reservados, perder n los derechos que les reconoce este
cap¡tulo, quedando en libertad de alquilarlos el
arrendador.
Art¡culo 107. La vivienda o local de negocio
asignado a cada inquilino o arrendatario que proceda
del inmueble derruido habr de ser de superficie
no inferior a las tres cuartas partes de la que
tuviera el que anteriormente ocupaba en aqu‚l;
disponer cuando menos de las mismas instalaciones
y servicios y hallarse situado a altura y posici¢n
an logas a las que tuviere el que antes ocupaba.
La analog¡a de posici¢n se entender referida
£nicamente a la situaci¢n que al exterior o al interior
de la finca ocupe la vivienda o local de negocio de
que se trate.
Art¡culo 108. De haberse reedificado en el modo
previsto en el p rrafo a) del art¡culo 102, la renta
exigible a cada inquilino o arrendatario procedente
del derruido ser la que pagara al momento de
desalojarlo, incrementada con la cantidad que
resultare de reconocer al capital invertido en la
reconstrucci¢n, exclusivamente, o sea: sin comprender el
valor del solar, ni lo gastado en la demolici¢n, el
inter‚s del cuatro por ciento. La cantidad as¡
resultante se derramar en proporci¢n a la extensi¢n
superficial de cada una de las viviendas y locales de
negocio con que cuente el inmueble reedificado,
comput ndose incluso los que hubieren surgido
como nuevos.
Art¡culo 109. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
art¡culo 107, el inquilino o arrendatario procedente
del inmueble demolido, a quien en el reedificado
se le asigne vivienda o local de negocio sito a altura
distinta de la que tuviere el que anteriormente
ocupaba, podr obtener una reducci¢n de la renta
equivalente al diez por ciento de la que procediere
conforme al art¡culo anterior.
Cuando la superficie de la vivienda o local de
negocio resultare menor a la exigida o tuviere
menos instalaciones y servicios que el anterior, el
inquilino o arrendatario perjudicado s¢lo vendr
obligado al abono de la misma renta que en el
inmueble derruido pagare; el cincuenta por ciento de
‚sta cuando la reducci¢n de superficie equivaliese
a m s de la mitad, y el cuarenta por ciento de
la renta anterior si, disfrutando en la finca demolida
de vivienda o local de negocio sito al exterior, se le
asignare un interior.
Art¡culo 110. Cuando al reedificar se incumpliere
la obligaci¢n contra¡da ante el Gobernador civil, la
renta de cuantas viviendas y locales de negocio
ocupen los inquilinos o arrendatarios del derruido no
podr exceder de la que en ‚ste abonaren; ello
sin perjuicio del derecho a obtener su reducci¢n
a la establecida en el art¡culo anterior, de darse
cualquiera de los supuestos a que el mismo se
refiere.
Art¡culo 111. La renta de todas las viviendas y
locales de negocio de que pueda disponer el
arrendador libremente ser la que estipule con su primer
ocupante, salvo de producirse el incumplimiento de
que trata el precedente art¡culo, en que ser igual
a la de la vivienda, o en su caso local de negocio,
que tuviere la renta m s baja en el inmueble
derruido, incrementada con lo que resulte de aplicar
la regla del p rrafo primero del art¡culo 108; pero
reconociendo al capital invertido el inter‚s del dos
y medio por ciento.
Art¡culo 112. El derecho a la reducci¢n de renta
al amparo de lo establecido en los anteriores
art¡culos o por simulaci¢n del capital invertido, o de la
superficie construida, podr ejercitarlo el inquilino
o arrendatario dentro del a¤o de reintegrarse a la
finca; y si la acci¢n prosperare, el arrendador ser
condenado en costas y obligado a la devoluci¢n de
las diferencias que hubiere percibido del actor, al
cual se le impondr n las costas de rechazarse todos
sus pedimentos. Cuando ‚stos se estimen solamente
en parte, las costas se pagar n por mitad entre
ambos.
Art¡culo 113. Cuando incumpliere el arrendador
la obligaci¢n que le impone el art¡culo 106,
indemnizar a los inquilinos y arrendatarios con el
importe de la renta de un a¤o que en el inmueble
derruido pagaren en el momento de desalojarlo;
ello sin perjuicio de la acci¢n que asiste a unos y
a otros para ocupar las viviendas o locales de
negocio que en el inmueble reedificado elijan, sin
pagar m s renta que la que satisficieren en aqu‚l.
Esta acci¢n caducar al a¤o de quedar totalmente
arrendada la finca reconstruida; y de prosperar,
llevar impl¡cito el lanzamiento del ocupante de
la vivienda o local de negocio que eligiere el
demandante; pero dicho ocupante, de ignorar el
incumplimiento del arrendador, habr de ser por ‚ste
indemnizado de cuantos da¤os y perjuicios le
ocasione el lanzamiento, los cuales en ning£n caso se
reputar n de cuant¡a inferior a seis mensualidades
de la renta que pagare, si se tratare de vivienda, y
a la de un a¤o si de local de negocio.
Art¡culo 114. Cuando el derribo afectare a
edificaciones provisionales, para que proceda la excepci¢n
segunda a la pr¢rroga s¢lo ser necesario que el
arrendador participe su prop¢sito de modo
fehaciente a los inquilinos y arrendatarios con un a¤o
de antelaci¢n al d¡a en que proyectare iniciar la
demolici¢n; y que al momento en que desalojen la
finca indemnice a los primeros con seis
mensualidades de renta, y con la de un a¤o a los
arrendatarios de local de negocio.
Se reputar n edificaciones provisionales los
barracones, casetas y chozas; y se presumir que lo es,
salvo prueba en contrario, cualquiera otra
edificaci¢n de naturaleza an loga en cuya construcci¢n
no sea preceptiva, conforme a las disposiciones
vigentes, la intervenci¢n de t‚cnicos.
Art¡culo 115. No prosperar la acci¢n ejercitada
al amparo de la causa segunda de excepci¢n a la
pr¢rroga del art¡culo 76, si el Gobernador civil de
la provincia no autoriza la demolici¢n del
inmueble, sin que esta autorizaci¢n, cuando la conceda,
prejuzgue la procedencia de aqu‚lla.
Los Gobernadores civiles, previos los
asesoramientos que estimen oportunos, atendiendo a la
normalidad o escasez de viviendas que hubiere en
cada localidad, a las disponibilidades de mano de
obra y de materiales de construcci¢n, y
especialmente a la existencia o inexistencia de viviendas
desalquiladas de renta semejante a las del
inmueble que se fuere a derruir, conceder n o denegar n,
sin ulterior recurso, la referida autorizaci¢n. Dar n
preferencia a las encaminadas a aumentar en la
m¡nima proporci¢n que se establece el n£mero de
viviendas de renta m s econ¢mica, y caso de igualdad
en la renta, a aquellas edificaciones en que el
aumento fuere a ser mayor, con prioridad para las que
resulten de m s amplitud.
Caducado el plazo que para iniciar las obras de
demolici¢n hubiere conferido el Gobernador civil
sin que fueran emprendidas, su autorizaci¢n no
producir efecto alguno.
Art¡culo 116. Lo dispuesto en los art¡culos 102 a
115 ser de aplicaci¢n aun en el caso de que el
arrendador fuere el Estado, la Provincia, el
Municipio u otras Corporaciones de Derecho p£blico.
Art¡culo 117. El cumplimiento de las obligaciones
a que, conforme este Cap¡tulo, queda sometido el
derecho de negar la pr¢rroga del contrato de
arrendamiento de viviendas y locales de negocio por la
segunda excepci¢n que se establece en el art¡culo 76,
ser obligatorio aun en el caso de que cambie la
persona del titular que hubiere comenzado a
ejercitarlo; y si este cambi¢ se produjere hall ndose
pendiente de consumaci¢n el derecho del
arrendador, ejercitado al amparo de la primera causa de
excepci¢n a la pr¢rroga, para que pueda proseguir
en su ejercicio el nuevo titular, ser indispensable
que la vivienda o local de negocio hubiere sido
reclamado precisamente para ‚l o para un ascendiente
o descendiente que, por consanguinidad, lo fuere
com£n de ambos.
CAPÖTULO IX
De la renta, de su revisi¢n y de la fianza
Art¡culo 118. A partir de la vigencia de los
preceptos de esta Ley, la renta legal de las viviendas y
locales de negocio construidos o habitados por
primera vez antes del 18 de julio de 1936, ser la que
conforme al contrato o, en su caso, a fallo de
revisi¢n, correspondiere pagar en 17 de julio de 1936,
incrementada con los siguientes porcentajes:
- En las viviendas:
- Un 10 por 100, cuando el contrato fuere
anterior al 1.§ de enero de 1915.
- Un 7,50 por 100 si se hubiere otorgado entre el
1.§ de enero de 1915 y el 17 de julio de 1936.
- Un 5 por 100 cuando lo hubiere sido con
posterioridad al 17 de julio de 1936.
- En los locales de negocio:
- Cualquiera que fuere la fecha de celebraci¢n
del contrato, el 40 por 100.
Cuando fueren dos los contratos y lo arrendado
hubiere de considerarse como un solo local de
negocio por aplicaci¢n de lo dispuesto en el art¡culo 10,
el aumento ser el 40 por 100, y se calcular sobre
el total que arroje la renta de ambos locales.
Art¡culo 119. Si la vivienda o local de negocio no
hubiere estado habitado en 17 de julio de 1936, no
existiere prueba escrita del contrato o careciere de
‚l su ocupante en dicha fecha, se considerar como
renta aplicable para determinar los porcentajes de
incremento la £ltima declarada antes del 18 de
julio de 1936 a fines fiscales, la cual prevalecer en
todos los casos de discusi¢n.
Art¡culo 120. Cuando por voluntad expresa o
t citamente manifestada, la renta que pagare el
arrendatario de vivienda o local de negocio construido
o habitado por primera vez antes del 18 de julio
de 1936, constituya mayor cantidad de la que
resultare despu‚s de aplicar la escala del art¡culo 118,
la que viniere satisfaciendo se reputar v lida, sea
cual fuere la que legalmente corresponda; pero el
arrendador no podr recargar la que perciba con
dichos porcentajes de incremento. La elevaci¢n as¡
consentida o pactada obligar tanto a los
continuadores del arrendamiento como al nuevo titular, sin
perjuicio del derecho de ‚ste a revisarla dentro de
los tres meses siguientes a la celebraci¢n del
contrato, de sospechar simulaci¢n.
Si la elevaci¢n constituyere cantidad menor,
podr aumentarse la renta hasta lo que resulte de
aplicar la referida escala sobre la cantidad que
legalmente correspondiere.
Cuando a la vigencia de los preceptos de esta
Ley la renta fuere la misma que la pagada en 17
de julio de 1936, desalojada que fuere la vivienda
o local de negocio, podr asignarse en el nuevo
contrato la vigente en 17 de julio de 1936,
incrementada, en su caso, con la que proceda seg£n el
art¡culo 118, m s una cantidad equivalente al 10 por 100
del total.
No se considerar elevada la renta de 1936
porque el arrendador hubiere percibido las diferencias
autorizadas por los p rrafos B) y C) del art¡culo 3.§
de la Ley de 7 de mayo de 1942.
En los casos de duda se estar a lo dispuesto en
el art¡culo 119.
Art¡culo 121. La renta de las viviendas o locales
de negocio, construidos u ocupados por primera vez
despu‚s de 17 de julio de 1936 y antes del 2 de
enero de 1942, no podr ser elevada a pretexto
alguno, ni se aplicar n a ella los porcentajes de
incremento establecidos en el art¡culo 118.
Art¡culo 122. Las viviendas y locales de negocio
construidos u ocupados por primera vez despu‚s
de 1.§ de enero de 1942 tendr n como renta la que
libremente se estipule con su primer ocupante, en
tanto no se oponga a los l¡mites y prohibiciones a
que se hallare sujeta la construcci¢n por su
naturaleza econ¢mica, familiar, privilegiada o por haberse
acogido a cualquier disposici¢n especial que
imponga limitaci¢n en la renta; pero ni los
porcentajes de incremento que se establecen operar n sobre
ella ni la merced pactada en el primer contrato
podr ser elevada bajo ning£n pretexto.
El arrendador que edificare nuevas viviendas o
locales de negocio sobre los ya existentes en la finca
podr fijar su renta por libre estipulaci¢n,
conforme a lo establecido en el p rrafo anterior, pero no
alterar las de viviendas y locales preexistentes m s
que en los casos y l¡mites que esta Ley autorice.
Art¡culo 123. Sea cual fuere la fecha de edificaci¢n
u ocupaci¢n de la finca, cuando las rentas
asignadas a la misma en virtud de inspecci¢n del
Servicio del Catastro Urbano, y no por la declaraci¢n
que formulare al arrendador, resultaren superiores
a las que vinieren satisfaciendo sus inquilinos o
arrendatarios, desalojada que sea por ‚stos o por los
que por su muerte o subrogaci¢n contin£en en las
viviendas o locales de negocio, podr pactar con los
nuevos una renta igual a la atribuida por dicho
servicio.
Art¡culo 124. Las viviendas o locales de negocio
construidos al amparo de disposiciones especiales
tendr n como renta la que ‚stas les atribuyan.
Art¡culo 125. La falta de pago de cualquier
aumento de la renta convenido verbalmente o en
documento distinto del contrato de arrendamiento
ser ineficaz y no dar acci¢n para reclamarlo ni
para instar la resoluci¢n del contrato,
exceptu ndose los aumentos que resultaren de sentencia dictada
en juicio de revisi¢n y los que procedan por
aplicaci¢n de esta Ley.
Art¡culo 126. Las diferencias por elevaci¢n de
contribuciones, cuando se trate de vivienda o local de
negocio construido u ocupado por primera vez
antes del 2 de enero de 1942 y no acogidos a precepto
legal que proh¡ba su repercusi¢n, podr n seguir
siendo derramadas por el arrendador
proporcionalmente a las rentas, hall ndose facultado para
alterarlas en la medida en que cambie el importe de
las contribuciones referidas.
No obstante lo dispuesto en el p rrafo anterior,
para que el arrendador pueda repercutir entre los
inquilinos y arrendatarios los aumentos de
contribuci¢n, ser requisito indispensable que las rentas
declaradas a la Hacienda no sean inferiores a las
que efectivamente perciba de aqu‚llos.
Para la repercusi¢n de las diferencias de
contribuci¢n se tendr n en cuenta, adem s, lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 11 de enero de 1946.
Las diferencias por elevaci¢n del precio en el
coste de los servicios o suministros, cuando se trate
de viviendas o local de negocio de las mismas
condiciones a que se refiere el p rrafo primero de este
articulo, podr n seguir siendo derramadas por el
arrendador proporcionalmente a la utilizaci¢n de
aquellos servicios o suministros, hall ndose
facultado para alterarlas en la medida en que cambie el
precio legal de los mismos.
Art¡culo 127. La declaraci¢n de rentas no crea
en favor del arrendador derecho alguno a su
aumento.
Art¡culo 128. Fuera de los casos en que este
cap¡tulo lo autoriza, se reputar il¡cita cualquier
elevaci¢n de renta que realice el arrendador.
Art¡culo 129. Para que el arrendador tenga
derecho al percibo de los incrementos y diferencias que
autoriza este cap¡tulo, o a cualquier elevaci¢n de la
renta, ser requisito previo la notificaci¢n por
escrito al inquilino o arrendatario de la cantidad que
a juicio de aqu‚l debe pagar y la causa de ello.
Dentro de los treinta d¡as que sigan a su recibo, el
arrendatario de vivienda o local de negocio
comunicar al arrendador si admite o no la obligaci¢n
de pago propuesta, interpret ndose su silencio como
aceptaci¢n t cita.
Art¡culo 130. Cuando, expresa o t citamente, el
arrendatario de vivienda o local de negocio aceptase
el abono de la cantidad indicada por el arrendador,
‚ste podr girar el recibo, al siguiente per¡odo de
pago de renta, increment ndolo con la cantidad que
hubiere propuesto, la cual habr de figurar siempre
separadamente de la que constituya la renta
anterior. Si dicha cantidad fuere la que procede
conforme a este cap¡tulo su abono ser obligatorio
para el inquilino o arrendatario, reput ndose la
falta de pago de esta diferencia como falta de pago de
la renta.
No obstante la conformidad t cita del inquilino
o arrendatario, si la cantidad girada resultare
superior a la que este cap¡tulo autoriza, dentro de los
tres meses de la fecha en que hubiere realizado el
primer pago, tendr acci¢n revisoria, que llevar
impl¡cita la condena en costas al arrendador si se
declarase aqu‚lla abusiva, y al demandante en caso
contrario.
Art¡culo 131. Cuando el inquilino o arrendatario
rechazare la elevaci¢n propuesta y ‚sta resultare
leg¡tima, el arrendador podr optar entre reclamarle
las diferencias desde el d¡a en que debieron serle
satisfechas o resolver el contrato. En ambos casos la
acci¢n caducar dentro de los tres meses a contar
desde el d¡a en que la negativa se produjo y llevar
impl¡cita la condena en costas al demandado si la
demanda prosperare. Si se desestima, lo que tendr
lugar tanto por no proceder aumento alguno como
cuando ‚ste procediere en cantidad inferior a la
pretendida por el arrendador, las costas se
impondr n al demandante.
Art¡culo 132. Las sentencias dictadas en juicio de
revisi¢n declarar n, en su caso, la fecha a partir de
la cual el inquilino o arrendatario viene obligado
al pago de las diferencias.
Art¡culo 133. El derecho del arrendador a las
elevaciones que este Cap¡tulo autoriza podr
ejercitarlo en cualquier tiempo. Pero si le fueren abonadas
rentas superiores a las que figuren como base de la
contribuci¢n territorial, y en los plazos establecidos
en las leyes fiscales no declarare a la Hacienda las
que efectivamente perciba, los arrendatarios de
vivienda o local de negocio podr n limitar el pago
de sus alquileres a las cantidades declaradas o a las
que, si no se formul¢ declaraci¢n, sirvieren de base
al tributo, entendi‚ndose en estos casos novado el
contrato en cuanto a la renta, sin necesidad de
acudir a juicio.
Art¡culo 134. La renta que sea procedente
conforme a las disposiciones de este Cap¡tulo, ser la que
se tenga en cuenta para las cesiones y traspasos que
regula esta Ley y a efectos de lo establecido en el
art¡culo 27.
La renta que servir de base para fijar la del
subarriendo total o parcial, ser tambi‚n la que
resulte de aplicar los preceptos de este Capitulo, con
excepci¢n de lo establecido en los tres primeros
p rrafos del art¡culo 120, que no ser n de aplicaci¢n.
Art¡culo 135. A la celebraci¢n de los contratos
comprendidos en esta Ley, ser obligaci¢n del que
reciba la vivienda o local de negocio constituir
fianza en cantidad equivalente a una mensualidad
de la renta pactada por el arrendamiento, con o
sin muebles, o por el subarriendo total de la
vivienda; y de dos, si tales contratos recayeren sobre local
de negocio. En los subarriendos parciales, lo sean
de vivienda o de local de negocio, la fianza no
exceder de la mitad de la renta que corresponda al
arrendamiento.
El importe de la fianza ser recibido por el
arrendador o subarrendador en su caso, e invertido,
cuando de arrendamientos se tratare, en el papel
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Decreto
de 26 de octubre de 1939 y disposiciones que lo
complementan, quedando en todo caso en garant¡a
del cumplimiento de las obligaciones propias del
arrendatario o subarrendatario, los que tendr n
derecho a su devoluci¢n a la terminaci¢n del
contrato, siempre que hubiera dado cumplimiento a
aqu‚llas.
Cualquiera que sea el plazo y precio del
arrendamiento o del subarriendo, el importe de la fianza
no podr rebasar de la cantidad que resulte de
aplicar la renta que proceda conforme a esta Ley,
ni aun a pretexto de la existencia de servicios
especiales, reput ndose il¡cita cualquier elevaci¢n, la
cual dar derecho al que hubiere constituido la
fianza a reclamar la diferencia, m s su inter‚s legal.
CAPÖTULO X
De las obras de conservaci¢n y mejora
Art¡culo 136. Las reparaciones necesarias a fin de
conservar la vivienda o local de negocio arrendado
en estado de servir para el uso convenido ser n a
cargo del arrendador.
Art¡culo 137. No obstante lo dispuesto en el
art¡culo anterior, en las viviendas y locales de negocio
construidos o habitados por primera vez antes del
18 de julio de 1936, podr exigir el arrendador del
titular arrendatario o de los continuadores del
contrato que contribuyan a satisfacer el importe de las
obras, aunque la misma fuere necesaria por el mero
uso arrendaticio, en los casos y proporciones
siguientes:
- Cuando por su funcionamiento nulo o
manifiestamente defectuoso sustituyere el arrendador
cualquier enser que le pertenezca, instalado en el
interior de la vivienda o local de negocio que forme
parte de sus servicios, las participaciones ser n:
- Del 40 por 100 del precio si el contrato fuere
anterior al 1.§ de enero del a¤o 1915.
- Del 33 por 100 cuando se hubiere otorgado con
posterioridad al 31 de diciembre de 1914 y antes del
18 de Julio de 1936; y
- Del 25 por 100 si se otorg¢ despu‚s del 17 de
julio de 1936.
Se reputar enser que forma parte de los
servicios, cualquier unidad de ‚stos, montada
precisamente al descubierto y dentro de la vivienda o local
de negocio, que permita o coadyuve con otras a la
prestaci¢n o medici¢n de determinado servicio;
pero no las ca¤er¡as, tubos o empalmes, que no
ser n reputados como tales enseres, y cuyas
reparaciones o sustituciones ser n de cuenta exclusiva del
arrendador, aunque estuvieren montadas al
descubierto y dentro de la vivienda o local de negocio,
salvo que fueren ordenadas por las Autoridades que
menciona el p rrafo b) de este art¡culo, en cuyo
caso se estar a lo en ‚l dispuesto.
- Cuando las Fiscal¡as de la Vivienda o
cualquier otro organismo competente disponga la
realizaci¢n de una obra, no de mejora en el interior de
la vivienda o local de negocio, la participaci¢n del
inquilino o arrendatario ser la siguiente, por cada
reparaci¢n ordenada y efectuada:
- Del 20 por 100 del importe de una mensualidad
de renta, cuando la anual no fuere superior a
2.400 pesetas.
- Del 15 por 100 si la renta anual rebasase de
2.400 pesetas sin superar las 4.000; y
- Del 10 por 100 cuando sobrepasare de esta
£ltima cantidad.
Art¡culo 138. En las fincas construidas o habitadas
por primera vez antes del 18 de julio de 1936,
cuando el arrendador, por ordenarlo as¡ las
Autoridades competentes, se vea obligado a revocar la
fachada de la finca, podr exigir de todos los
arrendatarios actuales de las viviendas o locales de
negocio que en ella hubieren que contribuyan a
satisfacer el importe de la obra, de modo que la
suma de las participaciones de todos ellos no
represente una cantidad superior al 25 por 100 de dicho
coste. Estas participaciones deber n ser
proporcionadas a la renta que cada inquilino o
arrendatario satisfaga.
Art¡culo 139. En cualquier caso distinto de los que
taxativamente se enumeran en los dos art¡culos
anteriores, las obras, sea cual fuere la fecha de la
construcci¢n u ocupaci¢n del inmueble, ser n a
cargo del arrendador, salvo cuando deban su
origen a da¤o, dolosa o negligentemente causado por
el inquilino o arrendatario o por quienes con ‚l
convivan, en cuyo caso podr aqu‚l reclamar su
importe total del titular del contrato o de quien lo
continuare.
Art¡culo 140. El reintegro de las cantidades que
a tenor de lo dispuesto en los art¡culos 137 y 138
correspondiere pagar al arrendatario de vivienda o
local de negocio, o a su continuador, se efectuar
por abonos mensuales, sucesivos e iguales, sin
recargo ni inter‚s alguno, de modo que lo que en
cada mes proceda abonar represente una cantidad
que, en ning£n caso, ni aun cuando se hubieren
realizado simult neamente varias obras o
sustituciones de enseres, podr ser superior al veinte por
ciento del importe del recibo de la renta mensual.
No obstante, cuando el inquilino lo deseare podr
hacer el pago de su participaci¢n de una sola vez.
El percibo de tales participaciones no podr
instarlo el arrendador hasta el mes siguiente de
efectuada la sustituci¢n u obra, y despu‚s de notificar
al obligado al pago, en qu‚ consisti¢ la misma, lo
que le corresponde abonar, la causa de su
obligaci¢n y, en su caso, lo que importan las
mensualidades sucesivas. Tampoco podr el arrendador
englobar dicha participaci¢n en los recibos que gire para
el abono de la renta, sino que habr n de ser
objeto de documento distinto.
Art¡culo 141. La cantidad que representare la
aplicaci¢n de los porcentajes establecidos en los
art¡culos 137 y 138, exigida conforme a lo dispuesto
en el 140, o la que procediere cuando el da¤o se
hubiere causado por culpa o negligencia del
inquilino o arrendatario, ser asimilada a la renta. El
arrendador podr reclamarlas judicialmente o
accionar el desahucio por su falta de pago, y el
demandado tendr derecho a excepcionar alegando
el incumplimiento de cua1quiera de los requisitos
que, conforme a los art¡culos anteriores, deben
concurrir.
Si la acci¢n del arrendador se limitare a exigir
el abono de tales responsabilidades y prosperare
¡ntegramente, la sentencia dispondr que las
cantidades a cuyo pago hubiere sido condenado el
inquilino o arrendatario habr de satisfacerlas en el
modo establecido en el art¡culo 140, incrementadas
con el inter‚s anual del diez por ciento, salvo
cuando fuere responsable por dolo o culpa, en cuyo caso
el pago de dichas responsabilidades tendr lugar
de una sola vez y se incrementar con el veinte por
ciento de inter‚s. En ambos supuestos las costas se
impondr n al demandado.
Si en el mismo supuesto del p rrafo anterior la
acci¢n se desestimare ¡ntegramente, la sentencia
contendr el pronunciamiento de que el actor
pierde el derecho al percibo de cantidad alguna por
cuenta de la sustituci¢n u obra realizada,
imponi‚ndosele las costas.
Finalmente, y en el supuesto tambi‚n de los dos
p rrafos anteriores, la desestimaci¢n parcial de la
demanda dar derecho al arrendador para percibir,
en el modo establecido en el art¡culo 140, lo que
conforme a la sentencia proceda, y las costas se
impondr n por mitad a ambos litigantes.
Cuando el actor hubiere accionado el desahucio
por falta de pago de las participaciones en las
sustituciones u obras aludidas en el p rrafo primero
de este art¡culo, y la sentencia apreciare plus
petici¢n, declarando no haber lugar a la acci¢n,
proceder lo establecido anteriormente para el caso de
desestimaci¢n total de la demanda.
Art¡culo 142. Cualquiera que fuere la fecha de
edificaci¢n u ocupaci¢n de la finca, cuando
requerido el arrendador para la ejecuci¢n de reparaciones
que fueren necesarias, a juicio de las autoridades
competentes, a fin de conservar la vivienda o local
de negocio en estado de servir para su uso, dejare
transcurrir un mes sin comenzarlas o tres sin
terminarlas, el inquilino o arrendatario o sus
continuadores podr n iniciarlas o proseguirlas. En tales
casos, y aunque conforme a lo establecido en este
cap¡tulo les correspondiere participar en su coste,
ser ‚ste exclusivamente sufragado por el
arrendador, quien vendr obligado a abonar su importe de
una sola vez al inquilino o arrendatario que los
hubiere satisfecho, dentro de los quince d¡as de ser
requerido para ello, sin que en ning£n caso pueda
retenerse la renta para resarcirse de dicha
responsabilidad. Pero si el arrendador se opusiere a su
abono y resultare leg¡tima la reclamaci¢n del
arrendatario, satisfar al reclamante el veinticinco por
ciento m s del importe de la obra, siendo responsable
de las costas causadas si diere lugar a la
intervenci¢n judicial.
El arrendador, a su vez, dentro de los quince
d¡as de serle notificado el importe de la obra,
podr accionar o excepcionar impugnando su
legitimidad, de considerarlo excesivo o simulado; y si
as¡ se declarase, el inquilino o arrendatario ser
condenado en costas y, en los casos que procediere,
seg£n lo dispuesto en el art¡culo 137, obligado al
abono de los porcentajes de participaci¢n que le
incumba, y cuando la obra, por su naturaleza, no
fuere de aquellas a las que seg£n el mismo art¡culo
debe contribuir, abonar al arrendador el diez por
ciento de su coste leg¡timo, que descontar ‚ste al
hacerle el pago.
Art¡culo 143. Sea cual fuere la fecha de
construcci¢n u ocupaci¢n de la finca, todas las reparaciones
de car cter urgente, en el interior de la vivienda
o local de negocio, podr n ser dispuestas o
realizadas por el inquilino o arrendatario o por sus
continuadores, los cuales, £nicamente en los casos del
art¡culo 137, participar n en su coste, en las
proporciones y modo que se dejan establecidos, o lo
abonar n totalmente si se debieren a su culpa o
negligencia, siendo tambi‚n de aplicaci¢n los art¡culos
precedentes sobre el procedimiento para obtener el
reintegro y acciones que respectivamente asisten a
arrendatario y arrendador.
Se reputar n urgentes las reparaciones
encaminadas a evitar que se cause inmediatamente o que
siga caus ndose un da¤o o incomodidad grave.
Art¡culo 144. Salvo estipulaci¢n escrita en
contrario, la dem s obras que en la vivienda o local de
negocio realizare el arrendatario o su continuador
quedar n en beneficio de la finca.
Art¡culo 145. Cuando el arrendador realice en el
inmueble mejoras que contribuyan a la higiene,
salubridad o a la comodidad de sus ocupantes, si la
finca se hubiere construido o habitado por primera
vez antes del dos de enero de mil novecientos
cuarenta y dos podr capitalizar el importe de las obras
al cinco por ciento, cualquiera que fuere la renta
que las viviendas o locales de negocio en ella
existentes tuvieren asignada, y la cantidad resultante,
derramarla entre todos en proporci¢n a la renta
que cada uno pagare.
Art¡culo 146. Las viviendas o locales de negocio
desalquilados se computar n por el arrendador, a
efectos de la derrama, en los casos previstos en los
art¡culos 138 y 145, sin que pueda hacer recaer la
participaci¢n que a ellos corresponda sobre los
alquilados.
Art¡culo 147. Las cantidades que supongan la
aplicaci¢n de los dos art¡culos precedentes s¢lo podr
empezar a percibirlas el arrendador al mes
siguiente de terminada la obra y previa notificaci¢n,
por escrito, a los inquilinos o arrendatarios, de lo
en que consisti¢ la misma, su importe, el
porcentaje de inter‚s que corresponde al capital en ella
invertido y la participaci¢n que en la cantidad
representativa de dicho inter‚s atribuye a cada
uno.
Dichas cantidades se asimilar n asimismo a la
renta, siendo tambi‚n aplicable el art¡culo 141,
tanto cuando el inquilino o arrendatario se niegue
al pago de lo que leg¡timamente proceda, como
en las excepciones que puede aducir y alcance y
efectos de la estimaci¢n o desestimaci¢n de la
demanda.
Art¡culo 148. En los subarriendos parciales, lo
sean de viviendas o de local de negocio, no podr
compelerse al subarrendatario a que participe en
el pago de lo que procediere a tenor de los
preceptos de este cap¡tulo, recayendo la responsabilidad
exclusivamente en el subarrendador. Tampoco ser
exigible al inquilino de vivienda amueblada.
CAPÖTULO XI
Causas de resoluci¢n y suspensi¢n de los contratos
a que se refiere esta Ley
Art¡culo 149. El contrato de arrendamiento
urbano, lo sea de vivienda o de local de negocio, podr
resolverse a instancia del arrendador por alguna
de las causas siguientes:
- La falta de pago de la renta o de las
cantidades que a ella se asimilan conforme a esta Ley.
Cuando proceda la resoluci¢n por esta causa,
se tendr en cuenta lo dispuesto en los cap¡tulos
anteriores y en el Decreto de 17 de octubre de 1940,
relativo a los obreros y empleados espa¤oles que
se encuentren en paro forzoso, as¡ como sus
disposiciones complementarias, cuya vigencia se reitera.
La exenci¢n de pago, cuando proceda con arreglo
al citado Decreto y disposiciones complementarias,
se producir aunque la renta de la vivienda rebase
de ciento cincuenta pesetas mensuales, siempre que
la diferencia en m s se deba a la aplicaci¢n de los
aumentos que autoriza esta Ley, y comprender las
cantidades que seg£n lo dispuesto en los dos
cap¡tulos precedentes, incumbiera abonar al inquilino
en paro, de las cu les podr resarcirse el arrendador
por derrama que se har conforme al art¡culo
octavo de dicho Decreto. En estos casos el arrendador
deber hacer las notificaciones de que trata el
cap¡tulo anterior a la C mara de la Propiedad
respectiva, y ‚ste se subrogar en los derechos que
se confieren al inquilino.
El abono de las cantidades que procedan
conforme al art¡culo 27, ser obligatorio para el
inquilino, aunque ‚ste fuere beneficiario del precitado
Decreto; pero en este caso su falta de pago no dar
lugar a la resoluci¢n del contrato.
- El haberse subarrendado la vivienda o el
local de negocio sin la autorizaci¢n escrita del
arrendador o la concurrencia de las circunstancias,
del £ltimo p rrafo del art¡culo 29.
- La cesi¢n de la vivienda por el inquilino
contra el consentimiento del arrendador, a persona
distinta de las expresadas en el art¡culo 34, o el
traspaso de local de negocio efectuado sin dar
cumplimiento a los requisitos que para su eficacia
exige el cap¡tulo IV.
- La transformaci¢n de la vivienda en local
de negocio o viceversa o el incumplimiento por el
adquirente en traspaso de la obligaci¢n que le
impone el p rrafo b) del art¡culo 45.
- Cuando el inquilino o arrendatario o
quienes con ‚l convivan causen dolosamente da¤os en la
finca, o cuando se lleven a cabo, sin el
consentimiento del arrendador, obras que modifiquen la
configuraci¢n de la vivienda o del local de
negocio, o que debiliten la naturaleza y resistencia de
los materiales empleados en la construcci¢n.
Cuando el inquilino o arrendatario entregare
o pusiere a disposici¢n del arrendador la cantidad
necesaria para volver la vivienda o local de negocio
a su primitivo estado, lo que deber hacer antes de
iniciar las obras, no proceder esta causa si las
mismas no debilitan la naturaleza y resistencia de los
materiales empleados en la construcci¢n de la finca
y son de entidad inferior al importe de una
mensualidad de renta.
- Por solicitarlo la mayor¡a de los inquilinos
y arrendatarios de la finca respecto de cualquier
otro.
Esta causa no prosperar en los casos siguientes:
- Cuando los locales estuvieren arrendados
con destino a oficinas o servicios del Estado,
Provincia o Municipio u otras Corporaciones de
Derecho p£blico.
- Cuando se destinaren a colegios o escuelas
p£blicas o particulares, siempre que ‚stas £ltimas
se hallaren constituidas y desenvolvieren su labor
ajust ndose a las disposiciones vigentes.
- Cuando se dedicaren a Consultorios
p£blicos, Casas de Socorro o Instituciones piadosas o
ben‚ficas, de cualquier clase que fueren.
- Cuando se hallaren habitados por familias
numerosas y de reconocida moralidad.
- Cuando el negocio, profesi¢n u oficio
ejercido por el arrendatario o inquilino no resultare
inmoral, peligroso, insalubre o notoriamente
inc¢modo.
En todos los casos en que el arrendador accione
al amparo de esta causa, y por no estimarse su
demanda le fueren impuestas las costas, los inquilinos,
y arrendatarios que la hubieren provocado vendr n
obligados a resarcirle, a prorrata, del importe de las
mismas.
- Cuando, aun sin solicitarlo la mayor¡a de
los inquilinos y arrendatarios de la finca respecto
de cualquier otro, el oficio, profesi¢n o negocio a
que ‚ste o quienes con ‚l convivan se dedicaren
dentro de la vivienda o local de negocio, resultaren
notoriamente inmorales o peligrosos para la
integridad del inmueble.
Si el arrendador habitare en la finca, podr
tambi‚n obtener la resoluci¢n del contrato, cuando el
oficio, profesi¢n o negocio ejercido asimismo
dentro de alguna de sus viviendas o locales de negocio
resultare notoria y ostensiblemente inc¢modo o
insalubre. Pero esta acci¢n no prosperar en los
casos de los apartados a), b) y c) de la causa sexta de
este art¡culo, ni cuando se tratare de familia
numerosa o del ejercicio de oficios o profesiones
colegiados por los que se satisficiere contribuci¢n.
La demanda deducida al amparo de los dos
p rrafos anteriores £nicamente se estimar cuando los
hechos que la determinaren fueren ignorados por
el actor al momento de la celebraci¢n del contrato,
o al producirse la subrogaci¢n o continuaci¢n de
los derechos del inquilino o del arrendatario del
local de negocio, sin que el cambio de la persona
del arrendador suponga desconocimiento de
aqu‚llos en el nuevo titular.
- La expropiaci¢n forzosa del inmueble,
dispuesta por autoridad competente y por causas de
utilidad p£blica, seg£n resoluci¢n que no d‚ lugar
a ulterior recurso.
- La declaraci¢n de ruina de la finca,
acordada por resoluci¢n que tampoco d‚ lugar a
recurso, y en expediente contradictorio seguido ante la
Autoridad municipal, en el cual hubieran sido
citados al tiempo de su iniciaci¢n todos los inquilinos
y arrendatarios.
Cuando el peligro de ruina se declare
inminente por la Autoridad competente, aunque la
resoluci¢n no fuere firme, podr disponer la gubernativa
que la finca quede desalojada.
- Por no haber lugar a la pr¢rroga forzosa
del contrato, seg£n lo establecido en el
capitulo VIII.
Art¡culo 150. El inquilino o arrendatario del local
de negocio podr resolver el contrato antes del
tiempo pactado por cualquiera de las siguientes
causas:
- Las perturbaciones de hecho o de derecho
que en la vivienda o local de negocio arrendado o
en las cosas de uso necesario y com£n en la finca
realice el arrendador; ello sin perjuicio de
cualquier otra acci¢n que pudiere asistirle.
- No efectuar el arrendador las reparaciones
necesarias a fin de conservar 1a vivienda o el local
de negocio, sus instalaciones o servicios o las cosas
de uso necesario y com£n en la finca, en estado de
servir para lo pactado en el contrato.
- La falta de prestaci¢n por el arrendador de
los servicios propios de la vivienda o local de
negocio, ya aparezcan especificados en el contrato, ya
resulten de las instalaciones con que cuente la finca.
Art¡culo 151. Cuando concurra alguna de las
causas de resoluci¢n de que trata el art¡culo anterior,
el inquilino o arrendatario perjudicado podr
optar entre dar por terminado el contrato o exigir que
cese la perturbaci¢n, que se ejecuten las
reparaciones o que se presten los servicios o suministros y en
cualquier caso tendr derecho, adem s, al abono
por el arrendador de las indemnizaciones
siguientes:
- En el supuesto de la causa primera del
art¡culo anterior, una cantidad que no podr ser
nunca inferior al importe de una mensualidad de renta
y que guardar proporci¢n con la importancia o
gravedad de la perturbaci¢n. Cuando ‚sta se
debiere a obras encaminadas, precisamente, a
aumentar el n£mero de las viviendas con que cuente la
finca, los inquilinos o arrendatarios no tendr n
derecho al abono de indemnizaci¢n alguna; pero
s¡ a dejar en suspenso sus respectivos contratos, con
los efectos establecidos en el art¡culo 156.
- En los supuestos de la causa segunda del
precedente art¡culo, la cantidad que proceda,
atendida la importancia y trascendencia del da¤o o
incomodidad que la no reparaci¢n origine en el uso
de la cosa arrendada.
- Cuando proceda lo dispuesto en el
apartado tercero del art¡culo anterior, sea cual fuere la
causa de la no prestaci¢n, e incluso de ser debida
a fuerza mayor, si el incumplimiento afectare al
servicio de calefacci¢n a cargo del arrendador, y
el mismo no se diere en absoluto o se prestare en
forma notoria y ostensiblemente irregular o
deficiente, la indemnizaci¢n ser del veinte por ciento
del importe anual de la renta, salvo que esta
prestaci¢n apareciere especificada separadamente en el
contrato, en cuyo caso, de haberse satisfecho su
precio, la indemnizaci¢n ser igual a lo que por ‚l se
hubiera pagado. Tanto en uno como en otro caso,
si el arrendador percibi¢ diferencias por el coste
del servicio, vendr obligado a reintegrarlas.
Cuando el incumplimiento de que trata el
p rrafo anterior resultare de entidad menor, y el
perjudicado demostrare haber tenido necesidad de
emplear medios de calefacci¢n supletorios, la
indemnizaci¢n se limitar al importe del gasto que le
origine su entretenimiento, pero no comprender la
adquisici¢n de aquellos medios.
Si el incumplimiento del arrendador fuere total
y afectare a los restantes servicios o suministros, la
indemnizaci¢n ser igual al cinco por ciento del
importe anual de la renta.
El derecho al percibo de las indemnizaciones a
que se refiere este art¡culo, en ning£n caso eximir
de la obligaci¢n de pagar la renta y las cantidades
que, conforme a esta Ley, se asimilan a ella.
Art¡culo 152. Ser n causas por las que podr
resolverse el contrato de subarriendo, total o parcial,
tanto de vivienda como de local de negocio, las
siguientes:
- Para el subarrendador:
- La falta de pago de la renta pactada por el
subarriendo.
- Cuando el subarrendatario hubiere, a su
vez, subarrendado.
- El vencimiento del plazo por el cual se
concert¢ el subarriendo, salvo en los casos de los
art¡culos 20 y 21.
- Cuando contra el consentimiento del
subarrendador, el subarrendatario cediere la vivienda
a persona distinta de las expresadas en los
art¡culos 34 y 42, o transformare la vivienda
subarrendada en local de negocio.
- Por las causas 5.¦ a 9.¦ del art¡culo 149.
- Cuando quede resuelto el contrato de
arrendamiento, sin perjuicio, en su caso, de lo
dispuesto en el art¡culo 23.
- Para el arrendador:
- Por falta de pago de lo que le
correspondiere en la merced del subarriendo, salvo en el caso
del art¡culo 23.
- Cuando el subarrendatario hubiere
contravenido la prohibici¢n de subarrendar.
- Cuando, trat ndose de vivienda, el
subarrendatario, contra el consentimiento del
subarrendador, la hubiere cedido a personas distintas de las
expresadas en los art¡culos 34 y 42 y en los locales
de negocio hubiere traspasado a otro sus derechos
y obligaciones.
- Para el subarrendatario:
- Las expresadas como causas especificas de
resoluci¢n en los art¡culos 20 y 21, o cuando
ejercite el derecho que le confiere el art¡culo 29.
- Las que, seg£n el art¡culo 150, permiten al
inquilino o arrendatario de local de negocio
obtener la resoluci¢n, entendiendo referida la 1.¦ y la
- si las perturbaciones y omisiones imputables al
arrendador o al subarrendador, y la 3.¦, a los
servicios y suministros, a cargo de cualquiera de ambos.
Ser aplicable, adem s, lo dispuesto en el
art¡culo 151, y las indemnizaciones se calcular n
sobre la merced que pague el subarrendatario, siendo
su abono a cargo del subarrendador, quien, en su
caso, podr repetir contra el arrendador.
Art¡culo 153. En las viviendas arrendadas con
muebles, de que trata el cap¡tulo V, podr el
arrendador resolver el contrato por las causas que se
establecen en el art¡culo 149, con las modalidades y
limitaciones que le imponen los cap¡tulos V y VIII,
y teniendo en cuenta, adem s, que cuando inste la
resoluci¢n del contrato por falta de pago de la
renta, ‚sta deber entenderse referida £nicamente a la
correspondiente a la vivienda, y no a la atribuida
al mobiliario. cuya falta de pago s¢lo le dar
derecho a reclamar su abono.
Art¡culo 154. El inquilino de vivienda amueblada
podr resolver, a su vez, el contrato, antes del
tiempo pactado, por el motivo espec¡fico de resoluci¢n
que para este contrato de arrendamiento establece
el art¡culo 59 y, adem s, por las causas se¤aladas en
el art¡culo 150, en que ser igualmente aplicable lo
dispuesto en el art¡culo 151, y las indemnizaciones
se calcular n sobre el importe de la renta anual que
por la vivienda y mobiliario satisfaga.
Art¡culo 155. La p‚rdida de la cosa arrendada ser
causa com£n de resoluci¢n de todos los contratos a
que se refiere este cap¡tulo.
Se reputar perdida la cosa arrendada cuando,
habiendo sido afectada de siniestro, requiriese, para
ser repuesta a su normal utilizaci¢n, la ejecuci¢n de
obras cuyo coste exceda del cincuenta por ciento
del valor que, excluido el del solar, tuviese
asignado la finca a efectos fiscales al tiempo de ocurrir la
p‚rdida.
Art¡culo 156. Cuando la autoridad competente
disponga la ejecuci¢n de obras que impidan que la
finca siga habitada, todos los contratos a que se
refiere este cap¡tulo se reputar n en suspenso por
el tiempo que duren aqu‚llas, quedando, por
tanto, suspendida por igual per¡odo la obligaci¢n de
pago de la renta.
Art¡culo 157. El desahucio de porteros, guardas,
empleados o asalariados que tuvieran asignada
vivienda por raz¢n del cargo que desempe¤en
proceder cuando el demandante acredite haber
quedado extinguida la relaci¢n laboral, por virtud de la
cual disfrutaban de la vivienda. La relaci¢n laboral
a que se refiere este art¡culo se extinguir no
solamente por las causas que se hallen establecidas en
las disposiciones que la regulen en cada caso
concreto, sino, adem s, por las causas 2.¦ a 10.¦ del
art¡culo 149.
CAPÖTULO XII
Tribunales competentes, procedimiento y recursos
Art¡culo 158. El conocimiento y resoluci¢n de los
litigios que puedan suscitarse al amparo de esta
Ley corresponder a los juzgados y Tribunales de
la jurisdicci¢n ordinaria.
Art¡culo 159. Aunque medie sumisi¢n expresa a
la jurisdicci¢n de otro juzgado, ser competente en
todo caso el que correspondiere al lugar en que se
hallare la finca, entrando el asunto a turno de
reparto donde hubiere varios de igual categor¡a.
Art¡culo 160. Los Jueces municipales y, en su caso,
los comarcales conocer n en primera instancia de
cuantos litigios se promuevan, ejercitando acci¢n
que se fundamente en derecho reconocido en esta
Ley, cualquiera que fuere la cuant¡a litigiosa, y sin
otras excepciones que las siguientes:
- Cuando la acci¢n ejercitada, no siendo la
resolutoria del contrato por falta de pago de la
renta o de las cantidades que, conforme a los
cap¡tulos IX y X, se asimilan a ella, se refiera a
cuestiones propias de esta Ley que afecten a un local
de negocio, a vivienda en la cual su inquilino o
subarrendatario que deba ser parte en la litis
ejerza profesi¢n colegiada por la que satisfaga
contribuci¢n, o a locales destinados a los escritorios u
oficinas y almacenes que, seg£n lo dispuesto en el
articulo 10, merecen la conceptuaci¢n de viviendas.
- Cuando se accione de tanteo o de retracto,
al amparo de lo establecido en los cap¡tulos IV y
VI de la presente Ley, o se inste la anulaci¢n de la
venta, acogi‚ndose el inquilino o arrendatario al
art¡culo 67.
Art¡culo 161. Cuando el juicio se promueva para
resolver el contrato de arrendamiento o de
subarriendo de vivienda o local de negocio por falta
de pago de la renta o de las cantidades que, a tenor
de los cap¡tulos IX y X, se asimilan a ella, se
sustanciar conforme a lo dispuesto para el desahucio
en los art¡culos 1.571 a 1.582 de la Ley de
Enjuiciamiento civil, y la sentencia se ejecutar seg£n lo
establecido en la secci¢n 4.¦, t¡tulo XVII, Libro II, de
la misma Ley Procesal; pero se tendr en cuenta lo
siguiente:
- El demandado podr enervar la acci¢n si en
cualquier momento anterior a ser notificado de la
sentencia que no d‚ lugar a ulterior recurso, ‚l u
otra persona en su nombre, aunque obre sin su
consentimiento, paga al actor o pone a su disposici¢n
en el Juzgado el importe de las cantidades en cuya
falta de pago se sustente la demanda y el de las
que en dicho instante debiere.
- S¢lo cuando el pago o la consignaci¢n se
realice hasta el mismo d¡a se¤alado para el juicio,
y antes de su celebraci¢n, podr ‚ste proseguirse
por las costas, y en tal caso, si el demandado
intentare acreditar el ofrecimiento de las rentas al actor
con anterioridad a la presentaci¢n de su demanda,
se admitir n otras pruebas procedentes en
Derecho, adem s de las que autoriza el p rrafo 2.§ del
art¡culo 1.579 de la Ley Procesal. Lo mismo se har
cuando, aun sin mediar el pago o la consignaci¢n,
la acci¢n se fundare en la falta de abono de las
diferencias o participaciones a que se refieren los
cap¡tulos IX y X y el demandado impugne su
legitimidad.
- Las costas se impondr n al demandado
cuando se declare haber lugar al desahucio o que
‚ste hubiere procedido de no mediar el pago o la
consignaci¢n, y al actor en caso contrario.
- En la ejecuci¢n de la sentencia, los plazos
del art¡culo 1.596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
se entender n exclusivamente referidos a las
viviendas y locales de negocio, y ampliados a dos meses
en uno u otro caso, que ser n excepcionalmente
prorrogables por otros dos cuando el Juez, por
razones de equidad o personales del demandado, lo
considere procedente.
- En los arrendamientos de vivienda,
cualquiera que fuere su renta, y en los de local de
negocio si no excede de doce mil pesetas anuales,
podr el demandado rehabilitar de plena vigencia el
contrato y evitar el lanzamiento si hasta el
momento mismo en que fuere a practicarse ‚l u otra
persona en su nombre, aunque obre sin su
consentimiento, paga al actor o pone a su disposici¢n,
deposit ndolo incluso en poder del encargado de
ejecutar la diligencia, que en todo caso lo tomar y
dar recibo, el importe de las cantidades que por
principal debiere en dicho instante, el veinticinco
por ciento del mismo y los intereses legales, a
contar ‚stos desde la fecha de la demanda, en las
sumas vencidas, y desde el d¡a en que el pago debi¢
hacerse, en las pendientes.
En tales casos se suspender el lanzamiento; de
haberse hecho cargo el Juzgado de las sumas
pagadas por el demandado, requerir al actor para que
dentro del quinto d¡a las reciba, procediendo a
ingresarlas en el establecimiento correspondiente si
transcurrido dicho plazo no lo hace.
Dentro tambi‚n del quinto d¡a podr el
demandante instar que, de cuenta del demandado, se
tasen las costas y gastos leg¡timos que con ocasi¢n
del juicio hubiere realizado. Practicada la tasaci¢n,
de resultar su importe igual o superior al
veinticinco por ciento depositado por el demandado, se le
entregar al demandante; mas si fuere inferior, se
reintegrar al demandado la diferencia,
archiv ndose sin m s las actuaciones; tanto en uno como
en otro caso, sin perjuicio del derecho del actor a
reclamar la diferencia ejercitando la oportuna
acci¢n personal.
Cuando el actor deje transcurrir los cinco d¡as
sin instar la tasaci¢n, el Juzgado, de oficio y a cargo
del demandado, liquidar las costas judiciales
exclusivamente, y, entregando a este £ltimo la
diferencia, si la hubiere, archivar asimismo las
actuaciones.
Art¡culo 162. Cuando la acci¢n ejercitada sea
distinta de la que trata el art¡culo anterior, el proceso
ante el Juez municipal o comarcal, se sustanciar
por las reglas establecidas en el apartado C) de la
base X de la Ley de Justicia municipal, de 19 de
julio de 1944, y disposiciones que la desenvuelven,
sin que, por tanto, sea preceptiva la intervenci¢n
de Letrado m s que cuando la cuant¡a litigiosa
exceda de mil quinientas pesetas. Pero la ejecuci¢n
de la sentencia, de figurar en ella pronunciamiento
que obligue a desalojar la vivienda, se acomodar
asimismo a los tr mites se¤alados para el
lanzamiento en la secci¢n 4.¦, t¡tulo XVII, Libro II de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los plazos para
desalojarla ser n de seis meses, ampliables por otros
seis, de mediar las circunstancias de equidad o
personales prevenidas en el p rrafo d) del art¡culo
anterior. No obstante, por razones de notoria escasez
de viviendas, y previos los asesoramientos que
considere oportunos, podr acordar el Juez aquellos
aplazamientos que aconsejen las circunstancias del
caso; todo ello sin perjuicio de lo establecido en la
causa novena del art¡culo 149, de darse el supuesto
a que la misma se refiere.
De no figurar en la sentencia pronunciamiento
que obligue a desalojar la vivienda, su ejecuci¢n se
ajustar a los tr mites de las dictadas en juicio
verbal.
Cuando la condena o pago de costas no resulte
de lo expresamente dispuesto en la presente Ley,
ser de aplicaci¢n la regla octava de la base X de la
de Justicia municipal.
Art¡culo 163. Las sentencias que dicten los Jueces
municipales o comarcales ser n apelables en ambos
efectos ante los de Primera Instancia respectivos,
substanci ndose la apelaci¢n en la forma siguiente:
- Con arreglo a lo dispuesto en los art¡culos
1.583 a 1.586 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
cuando la sentencia apelada disponga que debe
desalojarse la vivienda o local de negocio por falta de
pago de la renta o de las cantidades que se
asimilan a ella, seg£n los cap¡tulos IX y X.
La apelaci¢n se tramitar en la misma forma
cuando la sentencia recurrida formule igual
pronunciamiento sobre vivienda y el desahucio no se
fund¢ en la falta de pago, en cuyo caso no ser de
aplicaci¢n el p rrafo segundo del art¡culo 1.583.
- Conforme a lo establecido en los art¡culos
732 a 737 de la Ley Procesal cuando la sentencia no
contenga pronunciamiento que obligue a desalojar
la vivienda.
Art¡culo 164. Si la sentencia del Juez de Primera
Instancia confirma ¡ntegramente la apelada, las
costas de la apelaci¢n se impondr n al recurrente; y
cuando la confirmaci¢n sea parcial o se revoque la
del municipal o comarcal, cada parte pagar las
causadas a su instancia, y las comunes, por mitad.
Cuando el recurso se declare desierto, se impondr n
las costas al recurrente.
Art¡culo 165. Contra la sentencia del Juez de
Primera Instancia que resuelva apelaci¢n de la dictada
por el municipal o comarcal en juicio de desahucio
por falta de pago de la renta o de las cantidades que
seg£n los cap¡tulos IX y X se asimilan a aqu‚lla,
se trate de vivienda o de local de negocio, no se
dar recurso alguno.
Art¡culo 166. Cuando ante el Juez municipal o
comarcal se hubiere ejercitado cualquier acci¢n
distinta de la resolutoria del contrato por falta de
pago de la renta de la vivienda o de las cantidades
que conforme a los cap¡tulos IX y X se asimilan a
aqu‚lla, contra la sentencia que dicte en apelaci¢n
el Juez de Primera Instancia se dar n los siguientes
recursos:
- Si la renta anual excede de cuatro mil
pesetas, el de ®injusticia notoria¯ ante la Sala primera
del Tribunal Supremo.
- Cuando la renta anual no exceda de la
expresada suma, el de ®injusticia por
quebrantamiento de forma¯, ante la misma Sala.
Art¡culo 167. Para determinar la renta se estar
siempre a lo pactado por escrito, comput ndose los
aumentos que autoriza esta Ley. En defecto de
estipulaci¢n escrita, a la que resulte del £ltimo pago
realizado por el inquilino que sea parte en la litis;
y de ser dudosa o imposible la determinaci¢n de la
renta, ‚sta se estimar no superior a cuatro mil
pesetas anuales.
Art¡culo 168. Los recursos de que trata el
art¡culo 166 se preparar n por escrito ante el propio Juez
de Primera Instancia, dentro de los diez d¡as que
sigan a la notificaci¢n de la sentencia, y
presentados que sean, el juez elevar directamente las
actuaciones al Tribunal Supremo, emplazando a las
partes para que, en el t‚rmino de otros diez d¡as,
comparezcan a usar de su derecho ante la Sala
primera del mismo, Este plazo ser de veinte d¡as
cuando la apelaci¢n se hubiere substanciado en
juzgado de Primera Instancia de Baleares o
Canarias.
Art¡culo 169. El recurso por ®injusticia notoria¯
se formalizar por escrito en el t‚rmino de diez
d¡as, contados desde la personaci¢n del recurrente
ante la Sala primera del Tribunal Supremo, y
deber fundamentarse en alguna de las causas
siguientes:
- Incompetencia de jurisdicci¢n.
- Quebrantamiento de las formalidades
esenciales del juicio cuando hubiere producido la
indefensi¢n.
- Injusticia notoria por infracci¢n de
precepto o de doctrina legal.
- Manifiesto error en la apreciaci¢n de la
prueba cuando se acredite por la documental o
pericial que obre en los autos.
Art¡culo 170. Recibidas las actuaciones, personado
el recurrente y formalizado el recurso, la Sala, en
el t‚rmino del quinto d¡a, contado desde el ingreso
del escrito de formalizaci¢n, dictar auto, en el que
decidir de plano si, por cumplirse con lo
dispuesto en el art¡culo 166, ha lugar a la admisi¢n. De
resolver que ‚sta no procede, en el mismo auto
declarar firme la sentencia recurrida e impondr las
costas del recurso al recurrente. Si resolviere que
ha lugar a admitir el recurso y el recurrido no
hubiere comparecido, dictar sentencia en el t‚rmino
de los cinco d¡as siguientes al auto de admisi¢n.
Art¡culo 171. Admitido el recurso, si se hubiere
personado la parte recurrida, se le trasladar para
instrucci¢n el escrito, formaliz ndolo, por t‚rmino
de cinco d¡as, y transcurridos que sean, el Tribunal
dictar sentencia, previa celebraci¢n de vista
p£blica, £nicamente cuando lo solicitare el recurrido
al darse por instruido del recurso. Si no pidiere
vista, podr impugnarlo en el mismo escrito en que
evacue el traslado de instrucci¢n.
Cuando fueren dos o m s partes las recurrentes,
el traslado de instrucci¢n ser sucesivo para cada
una y no podr n impugnar los recursos contrarios
en los escritos en que evacuen aquel traslado. En
estos casos deber hacerse se¤alamiento para la
vista.
La sentencia habr de dictarse dentro de los
diez d¡as que sigan al de su se¤alamiento, h yase
o no celebrado la vista, y de no haber solicitado
‚sta, el recurrido en el mismo plazo, contado desde
la fecha en que termin¢ el concedido para evacuar
el traslado de instrucci¢n.
Ser de aplicaci¢n, en cuanto a las costas, la
regla establecida en el art¡culo 164.
Art¡culo 172. El recurso de ®injusticia por
quebrantamiento de forma¯ se formalizar , sustanciar
y resolver seg£n lo establecido en el art¡culo
anterior; pero habr de fundarse £nicamente en el
quebrantamiento de las formalidades esenciales del
juicio que hubiere producido la indefensi¢n del
recurrente.
Art¡culo 173. En ambos recursos regir n, en
cuanto a representaci¢n y defensa, las normas de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; pero la cuant¡a de las
costas, comprendido el papel timbrado y derechos
arancelarios, se reducir n a la mitad si se tratare
de viviendas con renta inferior a seis mil pesetas
anuales.
Art¡culo 174. Cuando quede firme la sentencia, el
Juez de Primera Instancia devolver los autos al
Juzgado Municipal o Comarcal, con testimonio de
ella para su ejecuci¢n. Lo mismo har el Tribunal
Supremo despu‚s de dictar el auto que declare no
haber lugar a la admisi¢n, de dictar sentencia o
cuando el recurso quede desierto, efectuando la
devoluci¢n por conducto del Juez de Primera
Instancia.
Art¡culo 175. Los Jueces de Primera Instancia
conocer n en ella de los litigios que, por raz¢n de la
materia, no est n atribuidos al conocimiento de los
municipales o comarcales, a tenor de lo dispuesto
en el art¡culo 160. Su sustanciaci¢n se acomodar a
lo establecido para los incidentes en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, excepto cuando se accione de
retracto al amparo de lo prescrito en los
cap¡tulos IV y VI de la presente Ley, en que el
procedimiento ser el del t¡tulo XIX, Libro II, de la
misma Ley Procesal, ajust ndolo, tanto en uno
como en otro caso, a lo prevenido en la presente
Ley.
Cuando la condena al pago de costas no
resultare de lo dispuesto en esta Ley, se impondr n a la
parte cuyos pedimentos hubieren sido totalmente
rechazados, y si la estimaci¢n o desestimaci¢n fueren
parciales, cada una abonar las causadas a su
instancia y pagar n las comunes por mitad.
Art¡culo 176. La ejecuci¢n de las sentencias que
dicten los Jueces de Primera Instancia en los
asuntos de que trata el art¡culo anterior, cuando
hicieren pronunciamiento que obligue a desalojar la
vivienda o local de negocio, se acomodar a las reglas
de la secci¢n 4.¦, t¡tulo XVII, Libro II, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones
introducidas en el art¡culo 162, de no disponerse en
la presente Ley un plazo mayor.
En los restantes casos, la sentencia se ejecutar
conforme a lo dispuesto en la Ley Procesal com£n.
Art¡culo 177. Salvo el recurso de reposici¢n
contra providencias de mero tr mite, autorizado en el
art¡culo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
ser sustanciado y resuelto seg£n dicho precepto
legal, todos los incidentes, excepciones y
reposiciones que pudieran plantearse en los juicios
atribuidos por esta Ley al conocimiento de los Jueces de
Primera Instancia habr n de ser resueltos
necesariamente por ‚ste en la sentencia que recaiga sobre
la cuesti¢n principal, haciendo pronunciamiento
previo en ella sobre cada una de las cuestiones
incidentales y absteni‚ndose de entrar en el fondo del
asunto cuando la naturaleza de estos
pronunciamientos previos lo impidiere.
Art¡culo 178. Las sentencias de los Jueces de
Primera Instancia reca¡das en los litigios cuyo
conocimiento les est atribuido, a tenor de lo dispuesto en
el art¡culo 175, ser n recurribles por ®injusticia
notoria¯ ante el Tribunal Supremo, sea cual fuere
el importe de la renta. Y el recurso se preparar ,
fundamentar y sustanciar a tenor de lo
establecido en los art¡culos 168, 169 Y 171, salvo, por lo que
a este £ltimo se refiere, en lo relativo a la admisi¢n
del recurso. Ser tambi‚n de aplicaci¢n lo
dispuesto en los art¡culos 173 y 174; este £ltimo, con la
misma salvedad en cuanto a la admisi¢n.
Art¡culo 179. La Ley de Enjuiciamiento Civil ser
subsidiariamente aplicable en materia de
procedimiento.
Art¡culo 180. Cuando la acci¢n, aunque propia de
la relaci¢n arrendaticia urbana, no se fundamente
en derechos reconocidos en esta Ley, el litigio se
sustanciar conforme a lo dispuesto en las Leyes
procesales comunes.
DISPOSICIONES TRµNSITORIAS
Retroactividad de la Ley
1.¦ Sin otras excepciones que las que resulten
de sus propios preceptos, lo dispuesto en esta Ley
ser de aplicaci¢n no s¢lo a los contratos que se
celebren a partir de su vigencia, sino tambi‚n a
los que en dicho d¡a se hallaren en vigor.
Sobre subarriendos, cesiones y traspasos
2.¦ No obstante lo dispuesto en los cap¡tulos
III y XI, cuando una vivienda o local de negocio se
hallare total o parcialmente subarrendado en
primero de octubre de mil novecientos cuarenta y seis
por plazo no inferior al de seis meses, precisamente
anteriores a esta fecha, aunque el arrendador no
hubiere autorizado el subarriendo, si antes de ese
d¡a no promovi¢ el desahucio por dicha causa, no
podr a su amparo obtener la resoluci¢n del
contrato hasta que cambie la persona del
subarrendatario. Y el cambio no se entender causado si se
tratare de viviendas, porque a la muerte del
subarrendatario prosigan el subarriendo sus familiares
dentro del segundo grado que con ‚l convivieren
con tres meses de anterioridad al ¢bito, siendo de
aplicaci¢n cuando lo subarrendado fuere un local
de negocio, lo establecido en el art¡culo 73, bien
que referido a la persona del subarrendatario.
En los casos de que trata el p rrafo anterior, el
arrendador, a partir de primero de enero de mil
novecientos cuarenta y siete, y mientras subsista el
subarriendo, podr exigir del inquilino o
arrendatario un sobreprecio equivalente al cincuenta por
ciento m s del importe de la renta, que en primero
de octubre de mil novecientos cuarenta y seis
pagare, de ser aqu‚l total, conforme a las
prescripciones del cap¡tulo III, y del veinticinco por ciento,
si parcial. La falta de pago de estos porcentajes se
reputar como inefectividad de la renta y ser n
exigibles, con independencia de cualquier otro
aumento que autorice esta Ley.
Lo establecido en esta Disposici¢n se entiende
sin perjuicio del derecho que confiere al inquilino
el art¡culo 27.
3.¦ El arrendador que, por escrito y con
anterioridad a la vigencia de los preceptos de esta Ley
hubiere autorizado el subarriendo total o parcial,
no tendr derecho a participar en el precio del
mismo ni a reclamar los sobreprecios establecidos
en la Disposici¢n anterior; pero s¡ el pago de lo
que hubiere pactado, por consentirlo.
4.¦ Aunque por escrito y en fecha anterior a
la vigencia de los preceptos de esta Ley contare el
inquilino con la autorizaci¢n del arrendador para
ceder o traspasar su vivienda, no podr cederla m s
que a las personas que menciona el art¡culo 34,
entendi‚ndose sustituida esta facultad por la de
subarriendo total, que comprender el parcial.
Tampoco en estos casos tendr el arrendador derecho al
percibo de participaci¢n alguna en el precio del
arriendo ni a exigir los aumentos que autoriza
la Disposici¢n segunda. Mas si el inquilino
quebrantare esta prohibici¢n, contra el consentimiento
de aqu‚l, podr el arrendador ejercitar la acci¢n de
desahucio al amparo de la causa tercera del
art¡culo 149, pero demandando tambi‚n al cesionario.
5.¦ Siempre que el arrendador perciba
sobreprecio por el subarriendo en virtud de lo
establecido en la Disposici¢n segunda, o en los casos de las
dos Disposiciones anteriores, tendr los derechos y
obligaciones que le asignan los cap¡tulos III y XI,
pero no le asistir acci¢n resolutoria del contrato
de inquilinato aunque cambie la persona del
subarrendatario y la facultad que le otorga el
art¡culo 23, se limitar al importe de la renta y del
sobreprecio, si se hallare autorizado a percibirlo, y al de
la renta exclusivamente en los casos que fueren de
aplicaci¢n las dos precedentes Disposiciones.
6.¦ El arrendador que, hall ndose en el caso de
la Disposici¢n segunda, y sin serle de aplicaci¢n lo
dispuesto en la tercera y cuarta, se abstenga de
percibir sobreprecio alguno, adem s de poder
conseguir la resoluci¢n del contrato de inquilinato al
producirse el cambio del subarrendatario en el
modo exigido en la primera de dichas
Disposiciones, tendr los derechos que confiere esta Ley al
arrendador que autoriza el subarriendo, sin que le
sean exigibles las obligaciones que impone al mismo.
7.¦ El subarrendador deber cumplir siempre
las obligaciones que le impone esta Ley, y le
asistir n las acciones que le competen a tenor de la
misma, salvo contra el arrendador que se hallare
en el caso de la Disposici¢n anterior, y la
resolutoria del contrato de subarriendo por expiraci¢n del
plazo pactado para el mismo, que no proceder en
los celebrados o que se celebren con anterioridad a
la vigencia de los preceptos de esta Ley, por ser de
aplicaci¢n en cuanto a ellos, ya sean totales o
parciales, la pr¢rroga obligatoria para el
subarrendador y facultativa para el subarrendatario o para los
que por muerte de ‚ste continuaren el subarriendo.
El beneficio de pr¢rroga no ser extensivo a las
personas de que trata el art¡culo 27.
El subarrendatario, sea cual fuere la fecha del
subarriendo, disfrutar de las acciones que le
confiere esta Ley, salvo las referidas al arrendador que
se hallare comprendido en la precedente
Disposici¢n.
8.¦ El arrendatario de local de negocio que con
anterioridad a la vigencia de los precios de esta
Ley tuviere reconocido por escrito el derecho de
traspaso, podr ejercitarlo libremente y sin
someterse a lo dispuesto en el Cap¡tulo IV; pero el
inmediato adquirente por traspaso habr de cumplir
lo ordenado en dicho cap¡tulo.
Ampliaci¢n circunstancial en las viviendas del
beneficio de pr¢rroga y de los plazos de preaviso
para su ocupaci¢n por el arrendador propietario
de una sola
9.¦ Hasta que el Gobierno, por entender
mejorado el problema de la vivienda, disponga lo
contrario, el beneficio establecido en los art¡culos
71 y 72 ser tambi‚n aplicable a los parientes
dentro del tercer grado, por consanguinidad, del
familiar del inquilino fallecido que hubiere continuado
el contrato.
10.¦ No obstante lo dispuesto en el art¡culo 89,
si la adquisici¢n de la vivienda se efectu¢ antes del
primero de febrero de mil novecientos cuarenta y
cuatro, el plazo de preaviso ser el de dieciocho
meses, y de dos a¤os si posteriormente al treinta y
uno de enero de mil novecientos cuarenta y
cuatro. Ambas fechas se referir n a la del
otorgamiento de la escritura p£blica de venta.
Suspensi¢n de los aumentos directos de renta
que se autoriza en las viviendas y facultad del
gobierno para revisarlos
11.¦ Quedan en suspenso los aumentos de
renta autorizados para las viviendas en el p rrafo a)
del art¡culo 118, hasta que el Gobierno disponga
por Decreto que sean parcial o totalmente
aplicados, en todo o en parte del territorio nacional y
plazas de soberan¡a.
Y cuando las mutaciones habidas en la
econom¡a nacional lo aconsejen, podr tambi‚n decretar
el Gobierno, oyendo previamente al Consejo de
Estado, la revisi¢n de los porcentajes de aumento que
autoriza el art¡culo 118, para dejarlos sin efecto,
reducirlos o elevarlos. Pero la elevaci¢n en ning£n
caso podr ser superior al triple de lo se¤alado en
el referido art¡culo.
Irretroactividad de lo establecido en los
Cap¡tulos IX, X y XI - Excepci¢n
12.¦ No son de efecto retroactivo los preceptos
del cap¡tulo IX; y en cuanto al art¡culo 120, para
que los aumentos tolerados en el modo que el
mismo previene obliguen al inquilino o arrendatario, a
sus continuadores o al nuevo titular, deber n
haberse consentido antes del primero de octubre de
mil novecientos cuarenta y seis, siendo nulos y sin
valor alguno los efectuados entre esta fecha y la
de vigencia de los preceptos de la presente Ley.
Lo dispuesto en los p rrafos primero y £ltimo
del art¡culo 135 no ser aplicable a los contratos
vigentes cuando rijan los preceptos de esta Ley,
est ndose en ellos a lo pactado respecto de la fianza.
13.¦ Tampoco son de efecto retroactivo las
prescripciones de los cap¡tulos X y XI.
14.¦ Cuando a la vigencia de los preceptos de
esta Ley el inquilino o arrendatario hubiere
accedido por escrito a desalojar la vivienda o el local
de negocio, o cuando ya lo hubiere desalojado, no
ser de aplicaci¢n lo dispuesto en la misma. Pero
s¡ lo ser , en cuanto al plazo para desalojar
exclusivamente, si continuare en la finca, no obstante
haberse dictado sentencia firme que dispusiere que
la abandone.
Requerimientos formulados y procedimientos
en curso o en suspenso
15.¦ Quedar n sin efecto cuantos
requerimientos hubiera podido hacer el arrendador para negar
la pr¢rroga del contrato por cualquier causa que
fuere, con anterioridad a la vigencia de los
preceptos de esta Ley, debiendo reproducirlos, con el
fin de ajustarlos a lo dispuesto en el cap¡tulo VIII
si concurrieren en el caso los requisitos exigidos en
el mismo.
16.¦ Todos los procedimientos incoados al
amparo de la legislaci¢n que fuere aplicable para
regular las relaciones arrendaticias a que la presente
Ley se refiere, y que no hubieren terminado por
sentencia firme y ejecutoria, quedar n en suspenso
a la vigencia de sus preceptos; y los Tribunales
conceder n a las partes el plazo m ximo de quince d¡as,
para que acomoden sus pretensiones a las normas
procesales en ella establecidas. El mismo traslado
dar n cuando se hallare suspendida la tramitaci¢n
del juicio. Y tanto en uno como en otro caso,
transcurrido que sea dicho plazo sin que acomoden sus
pedimentos al procedimiento de la Ley, les
considerar n desistidos de la acci¢n que ejercitaban, y
archivando sin m s las actuaciones, acordar n que
las costas sean satisfechas por mitad entre las
partes, salvo que, trat ndose de apelaci¢n o casaci¢n,
la sentencia recurrida ordenara otra cosa a este
respecto, en cuya caso se estar a lo en ella dispuesto
para las causadas ante el Tribunal a ®quo¯,
pag ndose por mitad las del recurso.
17.¦ Las divergencias que se susciten sobre si los
preceptos de esta Ley deben o no aplicarse a la
cuesti¢n debatida, las resolver el Juez o Tribunal
ante el cual pendan los autos. Deber n promoverse
en el plazo mencionado en la disposici¢n anterior
y presentado que sea el escrito suscit ndolas, con
suspensi¢n de t‚rminos, se dar traslado por cinco
d¡as a la parte contraria, si hubiere comparecido,
para que alegue lo que considere oportuno.
Transcurrido que sea dicho plazo, se dictar auto
resolvi‚ndolas, que ser apelable en la forma y plazo que
lo habr¡a sido la sentencia que hubiere puesto fin
al pleito, conforme a la legislaci¢n que se deroga,
y recurrible en casaci¢n, de haber procedido contra
ella dicho recurso.
Autorizaci¢n circunstancial gubernativa para
la ejecuci¢n de obras que obligue a desalojar
viviendas y normas para concederla
18.¦ Hasta que el Gobierno, por entender
mejorado el problema de escasez de viviendas,
disponga por Decreto acordado en Consejo de Ministros
que ya no procede exigirla, ser preceptiva la
autorizaci¢n previa del Gobernador civil de la
provincia para emprender obras que, aunque no
impliquen la demolici¢n de la finca y se encaminen a
aumentar el n£mero de viviendas con que la
misma cuente, sean de tal entidad que obliguen a
desalojarla a los inquilinos que la habiten.
Los Gobernadores civiles conceder n las
autorizaciones a que se refiere el p rrafo anterior,
conforme a lo establecido en el art¡culo 115. Pero para
determinar las preferencias se atendr n
fundamentalmente al importe de la renta que fuere a
asignarse a las viviendas que se edifiquen, sin tener en
cuenta las atribuidas a las preexistentes, y
resolver n los casos de igualdad en beneficio de los que,
en fincas con viviendas de alquileres m s elevados,
vayan a construir otras de renta ultrabarata,
fomentando, en suma, la supresi¢n del sistema que tiende
a dividir a los inquilinos en barrios de clases.
Renta en los contratos a que se refieren los
art¡culos quinto y sexto
19.¦ No obstante lo prevenido en los art¡culos
quinto y sexto, la renta en los contratos de la
modalidad a que dichos art¡culos se refieren ser
libremente pactada cuando el otorgamiento de aqu‚llos
tenga lugar con posterioridad a la vigencia de esta
Ley.
En los contratos que estuvieran en vigor el d¡a
de la publicaci¢n de este texto articulado, de no
haber acuerdo entre los interesados para revisar
la renta, podr serlo a instancia del arrendador
dentro de los seis meses a partir de la vigencia de la
presente Ley, por una Junta de Estimaci¢n que
actuar en la forma prevista en el articulo 94, pero
bajo la presidencia del juez de Primera Instancia
del partido en que se hallare la finca arrendada,
pudiendo disponer dicho juez que se constituya con
dos Vocales que residan en otros, preferentemente
en los colindantes, si no existen en su jurisdicci¢n
arrendador y arrendatario que tengan celebrado
contrato an logo a aqu‚l cuya renta fuera a
revisarse.
En el plazo de treinta d¡as, contados desde aquel
en que tuviere ingreso en el Juzgado la solicitud de
revisi¢n de renta, deber quedar constituida la
Junta de Estimaci¢n, la cual, en los treinta d¡as
siguientes, emitir su laudo.
El pago de la renta que se¤ale la Junta de
Estimaci¢n ser obligatorio, sin que contra el laudo
que lo imponga se d‚ recurso alguno, aunque s¡
podr n impugnarlo arrendador y arrendatario,
promoviendo el juicio declarativo correspondiente.
Si el arrendatario considera gravosa la renta
asignada por la Junta de Estimaci¢n, dentro de los
treinta d¡as siguientes a serle notificada, podr
desistir del arrendamiento, cualquiera que fuere el
plazo que, conforme al contrato, le quedare por
cumplir; pero en todo caso vendr obligado al
abono de la se¤alada desde el d¡a de la notificaci¢n
hasta aquel en que entregare al arrendador las
cosas arrendadas.
Normas para la reintegraci¢n de los inquilinos
y arrendatarios de inmuebles siniestrados
cuando sean ‚stos reparados
o reconstruidos
20.¦ Cuando a la vigencia de los preceptos de
esta Ley no estuviere terminada la reconstrucci¢n
de un inmueble da¤ado a consecuencia de nuestra
guerra de liberaci¢n o por otra causa de fuerza
mayor, y el mismo se hallare desalquilado o no
habitado por sus anteriores inquilinos o arrendatarios,
si ‚stos carecieren de vivienda o de local de
negocio arrendados a su nombre en la localidad, se
observar n para su reintegraci¢n en aqu‚l las
reglas siguientes:
- Si el importe de las obras de reconstrucci¢n
excede del cincuenta por ciento del valor de la
finca, la renta de sus viviendas y locales de negocio
ser libremente pactada; pero los inquilinos y
arrendatarios que en el momento de producirse el
da¤o la habitaren tendr n derecho preferente a
ocupar en ella tantas viviendas y locales de negocio
como en la misma tuvieren anteriormente
arrendados. Este derecho caducar a los treinta d¡as de
terminarse la reconstrucci¢n del inmueble. El
arrendador no podr repercutir entre ellos ni entre los
restantes inquilinos y arrendatarios aumento
alguno de contribuci¢n, los excesos del coste legal de
servicios y suministros ni las participaciones por
las obras de conservaci¢n a que se refiere el
cap¡tulo X.
- Cuando el importe de las obras no exceda
de dicho cincuenta por ciento, las rentas de las
viviendas y locales de negocio del inmueble ser n
para los inquilinos y arrendatarios que, al
producirse el da¤o, lo habitaren, las que en dicho
momento pagaren, incrementadas con la cantidad que
resulte de reconocer al capital invertido en la
reconstrucci¢n un inter‚s del seis por ciento, que se
derramar en proporci¢n a las rentas anteriores. Si los
contratos hubieren desaparecido, se estar a la
£ltima declaraci¢n de renta que, con anterioridad a
producirse el da¤o, hubiere hecho el arrendador a
efectos fiscales. En todo caso, podr ‚ste repercutir
entre los inquilinos y arrendatarios el aumento de
contribuci¢n que establece la base XXII de la Ley
de R‚gimen Local, en la forma dispuesta en el
Decreto-Ley de once de enero de mil novecientos
cuarenta y seis, y los excesos del coste legal de
servicios y suministros; pero no exigirles las
participaciones por obras de conservaci¢n establecidas en el
cap¡tulo X. Dichos inquilinos y arrendatarios
podr n ocupar las viviendas y locales de negocio que
anteriormente tuvieren arrendados, y de haberse
alterado su distribuci¢n, de modo que ello no sea
posible, el arrendador les asignar otros de
caracter¡sticas an logas.
La ocupaci¢n habr de hacerse dentro de los
sesenta d¡as de terminarse la reconstrucci¢n.
- El valor de las fincas a que se refiere esta
Disposici¢n se determinar capitalizando al tres
por ciento el l¡quido imponible que tuvieren
asignado en el momento de producirse el da¤o,
deduciendo del producto resultante el diez por ciento,
como valor del solar. Y tanto para impugnar como
excesivo el l¡quido imponible que en la expresada
fecha les hubiere atribuido el arrendador como en
los casos de simulaci¢n del capital invertido en la
reconstrucci¢n, asistir a los inquilinos y
arrendatarios anteriores la oportuna acci¢n revisoria, que
podr n ejercitar dentro del a¤o de ocupada la
vivienda.
- A la terminaci¢n de las obras de
reconstrucci¢n, el arrendador, por tres veces y dentro del
plazo de veinte d¡as, publicar un anuncio en un
diario de la capital de la provincia en que se
hallare la finca, advirtiendo en general a los
inquilinos y arrendatarios que en el momento de
producirse el da¤o la habitaban, el t‚rmino de las obras
de reconstrucci¢n, y si no lo hiciere, podr n volver
aqu‚llos a ocupar el inmueble en la forma
establecida en el art¡culo 113, y ejercitar la acci¢n que
en ‚l se establece.
- Cuando en el momento de producirse el
da¤o, la vivienda o local de negocio se hallare
ocupado por el que, sin ser titular del contrato,
gozaba del beneficio de pr¢rroga, conforme a la
legislaci¢n que se deroga, o por quien pueda ocuparlo,
al amparo de lo dispuesto en el cap¡tulo VII de
esta Ley, dichos ocupantes tendr n el mismo
derecho que hubiera correspondido al titular para
volver a la finca.
- Las viviendas y locales de negocio de las
fincas a que se refiere el p rrafo a) de esta
Disposici¢n y las del p rrafo b) que no se ocupen por
sus anteriores inquilinos y arrendatarios quedar n
equiparadas, a efectos de esta Ley, a las que
hubieren sido construidas u ocupadas por primera vez
despu‚s de primero de enero de mil novecientos
cuarenta y dos.
Facultad gubernativa para aplazar o suspender
las demoliciones de fincas por causa
de expropiaci¢n
21.¦ Cuando la ejecuci¢n de los planes
urban¡sticos y, en general, de cualquier reforma
urbana obligue a la demolici¢n de fincas destinadas a
viviendas, los Gobernadores civiles podr n
disponer los aplazamientos y suspensiones que estimen
adecuados, en raz¢n a la escasez que de ellas sufra la
localidad, aun cuando hubiere reca¡do sentencia
firme que declare haber lugar al desahucio por
causa de expropiaci¢n.
Prohibici¢n circunstancial de alterar el destino
natural que debe darse a las viviendas
22.¦ Hasta que el Gobierno, por considerar
aumentada la disponibilidad de casas-habitaci¢n,
anule por Decreto este precepto, ning£n local
destinado anteriormente a vivienda podr ser
dedicado a oficina, almac‚n o local de negocio por quien,
como nuevo ocupante, venga a usarlo despu‚s de
primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete.
Se except£an de esta prohibici¢n los casos
siguientes:
- Cuando siendo una persona f¡sica tenga su
domicilio en ‚l o, sin tenerlo, lo utilice para
ejercer su propio oficio o profesi¢n colegiada; y
- Cuando sea una Corporaci¢n de Derecho
p£blico u otra persona colectiva y lo destine
precisamente a las £nicas y nuevas oficinas con que
cuente en la localidad, y no a dependencias o
sucursales.
No se estimar respetada esta prohibici¢n
cuando destinado a oficina, almac‚n o local de negocio,
sirva, adem s, para vivienda de alg£n familiar del
nuevo ocupante o de personas que trabajen a su
servicio.
Cuando la prohibici¢n establecida en el p rrafo
precedente se incumpliere, el ocupante anterior,
dentro del a¤o de haber desalojado la vivienda,
tendr acci¢n para volver a ella pagando como
renta la que antes satisficiere; y si careciere de
contrato, la que a fines fiscales se hubiere declarado en
el a¤o en que la desaloj¢. Esta acci¢n no asistir al
arrendador que, habitando en la vivienda, la
hubiere desalojado a sabiendas de que su nuevo
ocupante iba a darle el destino que proh¡be la presente
Disposici¢n transitoria.
Autorizaci¢n al gobierno para imponer el
alquiler obligatorio de viviendas deshabitadas y
el desahucio por necesidad social
23.¦ Se autoriza al Gobierno para que, si las
circunstancias lo aconsejan, disponga por Decreto
la adopci¢n gradual, en todo o en parte del
territorio nacional y plazas de soberan¡a, de las
siguientes medidas:
- El alquiler obligatorio de aquellas
viviendas que, susceptibles de ser ocupadas, no lo fueran
por nadie. A tales fines el Gobernador civil de la
provincia, comprobando sumariamente las
denuncias que se le formulen, conceder al propietario
el plazo de un mes para que se ocupen,
precisamente como casa-habitaci¢n y no como oficina,
almac‚n o local de negocio. Y transcurrido dicho
plazo sin hacerlo, dentro de los quince d¡as que
sigan, acordar aquella autoridad que sea ocupada
por el primer aspirante a inquilino, en turno de
rigurosa antig�edad, que se hallare dispuesto a
pagar como renta la exigida por el arrendador, si
no fuera superior a la £ltima declarada a fines
fiscales o la que sirva de base al tributo, de no
haberse formulado declaraci¢n, y el aspirante advendr
inquilino de la vivienda, con los derechos y deberes
que le impone esta Ley, aunque el arrendador se
niegue a otorgarle contrato, en cuyo caso la renta
se determinar , conforme a los datos fiscales que se
expresan.
- El desahucio por causa de necesidad social
de aquellas viviendas ocupadas que, sin mediar
causa justa, se hallaren habitualmente deshabitadas, o
el de las que no sirvan de casa-habitaci¢n, oficinas
o local de negocio del arrendador, o si se hallaren
alquiladas, de su inquilino o arrendatario. Los
Tribunales, al resolver, tendr n en cuenta, adem s de
aquellas circunstancias personales del demandado
que determinen la existencia o inexistencia de
causa justa, lo siguiente:
- Si es realmente £til la ocupaci¢n en raz¢n
a la proximidad o alejamiento del n£cleo urbano
en que la escasez de viviendas se produce; y
- Si por ser la vivienda de caracter¡sticas
parecidas o semejantes a los que normalmente sirven
en la localidad de casa-habitaci¢n,
permanentemente ocupada, procede acordar que as¡ lo sea.
El desahucio lo instar el Ministerio Fiscal, a
excitaci¢n del Gobernador civil de la provincia, y
previa sumaria investigaci¢n de la denuncia que
har esta autoridad. Se deducir ante el juez de
Primera Instancia respectivo, y habr n de ser
llamados al juicio, como parte demandada, el
arrendador, y de hallarse alquilada la vivienda, tambi‚n
el inquilino. Su tramitaci¢n se acomodar a lo
dispuesto en el Cap¡tulo XII para los procedimientos
atribuidos a la competencia de aquellos juzgados,
cuando se ejercita ante ellos acci¢n resolutoria del
contrato; pero las costas, si la demanda se
desestima, no se impondr nunca al actor. Cuando se
estime la demanda por sentencia firme y ejecutoria se
proceder al lanzamiento del ocupante en el plazo
de quince d¡as, improrrogables.
Para su efectiva ocupaci¢n, o en su caso,
alquiler, se aplicar lo prevenido en el p rrafo a) de esta
Disposici¢n.
Cuando se adopte alguna de las medidas de que
trata la presente Disposici¢n, se proceder a la
constituci¢n en los Gobiernos Civiles de un Registro
p£blico y gratuito de aspirantes a inquilinos, que
comprender todos los de la provincia que en tal
caso se hallaren, clasificados por localidades, y en
el cual figurar junto a cada aspirante la renta
que estuviere dispuesto a pagar.
El Gobierno podr disponer, adem s, la
adopci¢n de cuantas medidas fueren necesarias para la
mayor eficacia, de las que se dejan enunciadas.
Vigencia, divulgaci¢n, ejecuci¢n, correcciones
de la Ley y Disposici¢n derogatoria
24.¦ Los preceptos de esta Ley, salvo que en
ellos se dispusiere expresamente otra cosa,
comenzar n a regir el d¡a en que se publique en el
Bolet¡n Oficial del Estado el presente texto
articulado.
25.¦ Hasta transcurridos seis meses desde la
inserci¢n de este texto articulado en el Bolet¡n
Oficial del Estado no podr n publicarse
comentarios particulares sobre la Ley de Bases ni sobre
aqu‚l.
26.¦ El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Justicia, podr dictar por Decreto, adem s de
aquellas disposiciones expresamente citadas en estas
Transitorias, las que considere necesarias para la
mejor ejecuci¢n de los preceptos de la presente Ley,
quedando asimismo autorizado para disponer la
correcci¢n de cualquier error o antinomia que se
aprecie en su aplicaci¢n, pero en estos casos deber
informar previamente la Comisi¢n de Justicia de
las Cortes.
27.¦ A partir del d¡a en que se publique en el
Bolet¡n Oficial del Estado el texto articulado de
esta Ley, quedar n derogadas todas las
disposiciones especiales dictadas en materia de
arrendamientos urbanos, sin perjuicio de lo prevenido en la
Ley de Ordenaci¢n de Solares de quince de mayo
de mil novecientos cuarenta y cinco.